El gobierno se encuentra trabajando a toda máquina en la preparación del proyecto (o conjunto de proyectos) que dará forma a la reforma tributaria, que se presentará durante junio y que contempla modificaciones a los impuestos a la renta, royalty minero y gravámenes medioambientales -entre otros- para lograr una recaudación de cinco puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en cuatro años.
Si bien esos son los titulares que se han llevado la atención en las últimas semanas, el Ejecutivo también está trabajando en otros temas que incluirá en la propuesta definitiva.
Una de las propuestas que han intercambiado las partes tiene que ver con ampliar las materias que pueden conocer los TTA a temas ligados con la Tesorería General de la República (TGR).
Uno de ellos es el fortalecimiento de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), organismos especializados creados en 2009 y que pueden dirimir controversias entre contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.
La idea del Ejecutivo, según fuentes al tanto, es ampliar las materias que pueden ser conocidas por los tribunales especializados, con la idea de resguardar los derechos de los contribuyentes y servir de contrapeso al fortalecimiento que considera la reforma tributaria a las facultades fiscalizadoras y recursos para el SII y Aduanas.
Esto se da en un contexto en que el gobierno busca reformular la Norma General Antielusiva, nacida en la reforma del 2014 y que establece que actos u operaciones podrán ser calificados como elusivos, para lo cual el SII debe presentar una denuncia ante los TTA. La idea es reforzar la normativa, considerando que en siete años de vigencia el servicio aún no denuncia un caso a tribunales.
Si bien los detalles no están cerrados, en el equipo tributario del Ministerio de Hacienda se encuentran trabajando en distintas fórmulas y conversándolas con diversos actores. Entre ellos las agrupaciones de magistrados y de funcionarios de los TTA.
De hecho, en abril la cartera convocó a ambas colectividades a una mesa de trabajo, en la que los asesores de política tributaria Catalina Alarcón y Pablo Eterovic representan a la cartera en los diálogos. El co-coordinador de Política Tributaria, Diego Riquelme, tiene un rol clave en las tratativas.
Esta semana tuvieron una primera sesión de trabajo, donde intercambiaron opiniones y propuestas sobre los TTA en la reforma. El próximo 16 de mayo habrá una reunión donde se terminarán de consensuar las materias.
Ideas sobre la mesa
Una de las propuestas que han intercambiado las partes tiene que ver con ampliar las materias que pueden conocer los TTA a temas ligados con la Tesorería General de la República (TGR).
Es que con la creación de los TTA el 2009 se puso fin a la función de “juez y parte” del SII y Aduanas, quienes investigaban y a la vez sancionaban las faltas cometidas por los contribuyentes.
Sin embargo, esto persiste en la Tesorería en los juicios de cobro por impuestos, por lo cual se explora ampliar las competencias de los TTA en ese sentido, como por ejemplo cuando el contribuyente se defiende en la cobranza (pago, prescripción de la deuda, etc) o la vulneración de sus derechos. También se analiza modificar las causales de reclamo relativas a las contribuciones de bienes raíces.
Adicionalmente, dado que se busca modificar la Norma Antielusión, habrá que modificar el procedimiento de reclamo ante los TTA. Los detalles del proyecto aún se encuentran en procesos de definición, recalcan las fuentes.
Todo esto se da en medio de los cambios que podrían sufrir los tribunales en la Convención Constitucional.
Esto porque ayer se aprobó en la comisión de Sistemas de Justicia una norma transitoria que fusiona los actuales TTA con los denominados Tribunales Administrativos (especializados en materias como contrataciones públicas, propiedad industrial y juzgados de cuentas, por ejemplo), pero ubicándolos en una “sala especializada” con el traspasos de sus trabajadores a planta y resguardando sus derechos, como mantener remuneraciones y antigüedad.
La propuesta tiene que ser ahora analizada por el Pleno para llegar al borrador de la eventual nueva Constitución.
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