La pandemia ha tenido su impacto en el funcionamiento de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), al igual que en la mayoría de las instituciones públicas y privadas. El nivel de carga se redujo en los primeros meses desde la llegada del Covid-19 al país, pero a medida que se ha retomado la normalidad se han acumulado causas en el sistema.
Muestra de lo anterior son las estadísticas de la Unidad Administradora de la justicia especializada (ATTA), que dan cuenta que durante el 2021 cayeron los casos ingresados al sistema, al igual que los terminados, pero se incrementaron las causas vigentes.
Los TTA son los organismos encargados de resolver las controversias entre los contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.
En específico, los casos que entraron al sistema totalizaron 851 el año pasado, una baja desde los 982 del primer año de la pandemia y lejos de los 1.064 del 2019; los terminados ascendieron a 704, menos que los 950 del ejercicio previo y los 1.378 del 2019; mientras que los vigentes aumentaron a 2.367, desde los 2.121 del 2020 y las 2.188 causas del 2019.
Del stock de causas hoy en trámite, el 71% (1.686) involucra a empresas, mientras que el restante 29% (681) a personas naturales.
Como podría esperarse, los tribunales de la Región Metropolitana concentran más de la mitad de las controversias aún no zanjadas, con el tercer tribunal capitalino acumulando el mayor stock (459), seguido del primero (407). Ñuble-Biobío (211) y Valparaíso (143) destacan a nivel regional fuera de la Metropolitana.
El jefe de la ATTA, Pablo Ibáñez, argumenta que los números eran “previsibles” y se explican por dos normas legales que establecieron un régimen de excepción para los procesos judiciales en general, por el impacto del Covid.
La primera es la ley N°21.226, publicada en el Diario Oficial el 2 de abril de 2020 que, entre otras materias, suspendió los términos probatorios que a esa fecha habían empezado a correr y los que se iniciaren después de la entrada la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, y además facultó a los tribunales especiales para suspender las audiencias que les correspondiere realizar. Luego la ley N° 21.379, publicada el 30 de septiembre de 2021, modificó la primera, en el sentido que los términos suspendidos se reanudarían a solicitud de alguna de las partes.
“Estos preceptos influyeron en el aumento de las causas vigentes durante el estado de excepción e incluso se extendió más allá del estado de catástrofe, pues para la reanudación de los procesos es necesaria una solicitud expresa de los interesados”, argumenta el directivo.
Ritmos más normales
Al margen de las cifras del conjunto de 2021, Ibáñez adelanta que en el inicio del 2022 se observa un aumento de los ingresos y términos de causas.
Así, relata, los casos ingresados al sistema pasaron de 39 en enero a 112 en abril, totalizando 301 en lo que va del año, “los que, sin embargo, se encuentran por debajo del total de causas ingresadas a la misma fecha de 2021, que alcanzó a 317”. En tanto, hasta abril los casos concluidos crecieron de 185 en 2021 a 318 durante el 2022.
En esta línea, la Unidad Administradora efectuó nuevamente una redistribución de las cargas en los tribunales de la Metropolitana, como lo hizo a inicios del 2018.
“Como resultado de la permanente evaluación de sistema, el pasado 13 de mayo fue modificado el algoritmo de asignación, para restablecer el equilibrio que se había alcanzado en septiembre de 2021. Esta modificación fue informada a la Corte de Apelaciones de Santiago y revisaremos en julio los resultados de la modificación”, explica Ibáñez.
El mecanismo permitirá asignar los casos desde el primer TTA Metropolitano (el más recargado a abril de este año, considerando la diferencia entre las causas vigentes, las ingresadas y las terminadas) al cuarto TTA de la zona (el que tiene una menor demanda hasta antes de la redistribución).
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