Hace varios años que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no solo centra su fiscalización y escrutinio sobre las operaciones de los contribuyentes dentro del país, sino que también las ha ido ampliando más allá de las fronteras, ante el auge del comercio global y la internacionalización de las compañías chilenas.
En esta línea, el organismo liderado por Fernando Barraza ha desplegado esfuerzos preventivos para evitar controversias en el pago de los impuestos por las denominadas operaciones de precios de transferencia, que en simple se refiere a las transacciones realizadas en el exterior entre empresas chilenas y sus filiales, resguardando que estas se concreten a precios de mercado.
¿La relevancia de esto? Determinar la correcta valorización de dichas operaciones, para evitar el mal uso de las deducciones de la base imponible o una potencial evasión y elusión de gravámenes.
Un balance de la entidad da cuenta que ha logrado recaudar más de US$ 405 millones gracias a medidas preventivas para evitar controversias en la valorización de los precios de transferencia, como los acuerdos anticipados (APA, por sus siglas en inglés).
Este mecanismo consiste en una fiscalización previa y colaborativa, dado que es el propio contribuyente quien la solicita y transparenta sus operaciones ante el servicio.
De esta forma, explican en el SII, previo a la ejecución de una determinada transacción entre partes vinculadas, se fijan una serie de criterios sobre los cuales se determinan los precios, valores, rentabilidades y/o montos asociados a tales operaciones.
Carolina Saravia, subdirectora de fiscalización del SII. Foto: Julio Castro
“En el caso de los contribuyentes, firmar un APA le entrega certeza respecto del cumplimiento tributario de sus operaciones, lo que trae por consecuencia, por ejemplo, claridad respecto de los impuestos que debe pagar por tales transacciones”, explica la subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia.
¿Cómo opera el mecanismo?
Si bien la posibilidad de suscribir este mecanismo existe desde 2012 en el país, en los últimos años se han recibido 12 solicitudes, de las cuales cuatro se han firmado (con contribuyentes del sector del retail, la minería y la industria alimentaria), seis están en revisión y dos se han rechazado.
Esto último, ya que el SII consideró que el marco propuesto por los contribuyentes “no cumplía con las condiciones de mercado vigentes”.
Los APA están regulados por la resolución exenta N°68 de 2013, que especifica los documentos que deben ser parte del set de información que acompañe la solicitud de esta fiscalización anticipada, detallando, por ejemplo, si este será unilateral, (entre el contribuyente y el SII) o multilateral (cuando el acuerdo sea suscrito entre más de una administración tributaria).
También establece que, para el caso particular de las transacciones que involucren la importación de mercancías, el acuerdo deberá ser suscrito con el Servicio Nacional de Aduanas. De acuerdo a la legislación vigente, los APA pueden tener una duración de cuatro años, prorrogables por el mismo período.
“Este tipo de herramientas permite a la administración tributaria, conocer con antelación la recaudación tributaria que involucra determinada operación y enfocar sus esfuerzos de control de manera más eficiente en quienes deliberadamente no quieren cumplir con sus obligaciones tributarias”, enfatiza Saravia.
Unidad especial
En 2021, el servicio creó un área dedicada exclusivamente a revisar las solicitudes para suscribir este tipo de acuerdos, conformada por distintos profesionales del área tributaria, económica y legal.
En la entidad explican que el contribuyente puede solicitar un APA por cualquier operación de precios de transferencias, que son operaciones transfronterizas entre partes relacionadas que pueden involucrar, entre otras, compras y ventas de bienes y servicios, operaciones financieras, traslado de funciones, activos y riesgos, y reorganizaciones.
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