A paso lento pero seguro. De esta manera podría resumirse el trámite de la reforma tributaria en la comisión de Hacienda de la Cámara, que esta semana continúa con el análisis de un punto clave y que preocupa a los empresarios: los ajustes al impuesto a la renta y la creación de un nuevo gravamen a la riqueza.
Los cálculos al interior de la citada instancia y en el mismo Ejecutivo apuntan a que en enero el texto podría votarse en la Sala de la Corporación, para luego pasar al Senado, donde el trabajo fuerte se concentraría en marzo, abril y mayo.
Los privados han definido que hay dos líneas rojas: modificar el gravamen a la riqueza y la tasa de 2,5% para los impuestos diferidos.
Dado lo anterior y en vista de lo avanzado de la discusión en la Cámara Baja, los empresarios ya comienzan a desplegar gestiones para incidir en el trámite en la Cámara Alta, según señalan al interior de las principales ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Fuentes que conocen la interna de las conversaciones señalan que el mundo privado ya "tiró la toalla" con el debate en la Cámara, y que si bien lograron incidir en la etapa de negociación técnica de indicaciones con asesores de Hacienda -grupo que continúa en contacto-, con la incorporación de incentivos a la inversión y moderando algunos temas como la base del tributo a la riqueza -con la eliminación del impuesto de salida de 5%- y la base imponible del nuevo gravamen a las utilidades retenidas, creen que se podría haber avanzado aún más.
De hecho, el registro de lobby del Senado consigna algunos encuentros entre contrapartes empresariales y legisladores en lo más reciente. Por ejemplo, el 17 de noviembre el timonel de la Sofofa, Richard von Appen, se reunió con la senadora de Demócratas y ex DC, Ximena Rincón. El 13 de octubre, el senador RN de la comisión de Hacienda, José García, recibió a Marlene Fernández, en representación de Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonalds en el país. ¿El tema? Discutir sobre los planes de inversión de la compañía en Chile y la necesidad de fortalecer los incentivos tributarios de inversión en los proyectos de reforma actualmente en discusión, según consigna la plataforma. Y a inicios de agosto el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), dialogó con el presidente de la CPC, Juan Sutil, y al gerente general Fernando Alvear, justamente para abordar el proyecto de reforma.
Las reuniones
El contacto ha ido más allá de la CPC.
El 18 de noviembre se reunieron asesores y la directiva de la Asociación Chilena de Empresas de Leasing (Achel) con el co-coordinador de Política Tributaria de Hacienda, Diego Riquelme. La razón fueron los ajustes que contempla la reforma al tratamiento tributario del leasing, que fueron moderados en el trámite en la Cámara. El 11 del mismo mes, la directiva del Instituto del Cemento y el Hormigón conversó con el alto asesor para discutir el incipiente proceso de diálogo por los impuestos correctivos.
El 17 de octubre, ejecutivos de Arcos Dorados se reunieron con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, para abordar la tasa de desarrollo de 2% que pueden descontar las empresas en ciertos gastos en tecnología y productividad, además de otras materias de la reforma tributaria.
En la misma jornada, el co-coordinador de Política Tributaria de la cartera, Nicolás Bohme, recibió a directivos y asesores de la minera Sierra Gorda, que opera en la región de Antofagasta. La materia del encuentro fue la posición de la empresa en torno a las indicaciones a la reforma y al proyecto de royalty minero, que se discute en paralelo en el Senado.
El 20 de septiembre, la Asociación Nacional de Cooperativas asistió a una cita con el jefe de gabinete de Sanhueza, Sergio Henríquez, para manifestar su "preocupación" por los efectos de la reforma en el rubro.
Los puntos de discordia
En círculos empresariales adelantan que hay dos temas que definieron como "líneas rojas" a modificar en el Senado, mensaje que ya han transmitido al ministro de Hacienda, Mario Marcel.
La primera es el tributo al patrimonio, el que si bien se moderó algo en la Cámara, aún ven como de difícil aplicación, abriendo la puerta a conflictos entre contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos (SII) por la valorización de los activos.
La segunda es el nuevo gravamen a los impuestos retenidos. Si bien la base imponible se modificó, pasando de las utilidades no distribuidas a los gravámenes retenidos y la tasa se cambió desde 1,8% a 2,5%, entre los privados advierten que la medida impactará la inversión al incentivar el retiro de utilidades.
De hecho, una idea que ha surgido entre algunos asesores técnicos e integrantes de ramas es modificar nuevamente ambos tributos a cambio de un aumento en la tasa corporativa, hoy en 27%, hacia niveles en torno al 30%; o, incluso, abrirse a la idea de tramos de tasas según el tamaño de las empresas o las ganancias generadas. Ambas opciones se han socializado reservadamente en algunos círculos políticos y empresariales.
Desde la CPC señalan de manera oficial que "sin duda" será en el Senado donde se dé la discusión "más importante" en materia de reforma tributaria "y, por eso, esperamos tomar contacto con el presidente y los integrantes de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta para hacer ver nuestra mirada de la importancia de equilibrar una reforma que promueva la inversión, el dinamismo de la economía y genere empleos de calidad".
"Creemos que es esencial lograr un pacto fiscal de largo plazo que perdure en el tiempo, para lo cual se necesita apuntalar la inversión y que el proyecto incluya normas en este sentido, las cuales hoy están ausentes", complementan desde la multigremial, hoy presidida por Juan Sutil.
El director de Políticas Públicas de la Sofofa, Rodrigo Mujica, afirma que lo importante en este minuto es analizar cuál es el texto que pasará al Senado, pero adelanta que siguen trabajando con sus instancias internas, y junto a la CPC, analizando y preparando propuestas que permitan "mejorar el texto que se discute, y que esperamos poder compartir en las distintas instancias abiertas de participación durante su paso por el Senado, en particular en la comisión de Hacienda".
El presidente de la Sonami, Jorge Riesco, tiene la expectativa de que el Congreso "ponderará debidamente" el impacto de la reforma tributaria en el ahorro, la inversión y el crecimiento futuro de la economía nacional.
"Toda modificación en materia impositiva genera impacto y aquí lo relevante es que las autoridades compatibilicen debidamente una mayor recaudación fiscal con el crecimiento económico", dice.
Sobre este punto, precisa que por cada punto adicional de crecimiento de la economía, se estima una mayor recaudación del orden de US$ 800 millones a US$ 1.000 millones.
"Uno de los principales puntos que queremos relevar es el impuesto al patrimonio, entendiendo que afecta directamente al ahorro de las empresas y que produce desincentivos, especialmente cuando hay que recurrir a este patrimonio cuando tenemos desaceleración económica o derechamente recesión", señala el presidente de la CNC y próximo timonel de la CPC, Ricardo Mewes.
Otro tema que también les preocupa es la desintegración, "porque nos hará muy poco competitivos. Confiamos que el Senado corrija los problemas que presenta la reforma", expresa y agrega que una de las ideas que planteará será mantener en 10% de forma permanente el impuesto a las empresas con ventas por hasta 75 mil UF.
El presidente de la SNA, Cristián Allendes, señala que han sostenido y continuarán sosteniendo reuniones "con los diferentes actores", a quienes les han "planteado nuestras inquietudes".
"Chile necesita buenas inversiones y una reforma de este tipo, con un escenario económico desafiante y con el temor de una eventual recesión, debe ser realista y muy bien implementada", fundamenta.
Mientras que el timonel de la CChC, Juan Armando Vicuña, hace un llamado a pensar "fuera de la caja" y los senadores "sin duda pueden ayudar en eso". Por ejemplo, plantea que se podrían lograr las metas de recaudación con medidas contra la evasión y la elusión, impuestos correctivos y una "potente" política de atracción de inversiones, que considere un pacto de largo plazo de invariabilidad tributaria, similar a lo que hoy tiene Perú y Uruguay, dice.
"Es inevitable que estemos considerando en el análisis la oportunidad de esta reforma y la gradualidad de su aplicación", concluye.
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