Un nuevo impuesto al patrimonio se aprobó en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para financiar la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), medida que fue patrocinada por la oposición y que el Ejecutivo anunció que impugnará ante el Tribunal Constitucional (TC) en caso de que su trámite siga avanzando en el Congreso.
Lo aprobado establece un tributo de tasa 1,5% a patrimonios que excedan de US$ 5 millones y de 2,5% a los que excedan US$ 22 millones. La indicación que prosperó solo con los votos de la oposición -por siete a favor y seis en contra- fue presentada por Marcelo Schilling (PS), Marcelo Díaz (Unir), Boris Barrera (PC), y Alejandra Sepúlveda (FRVS).
El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, anunció que el Ejecutivo "hace reserva de constitucionalidad por crear un impuesto que es una facultad exclusiva del Presidente".
Agregó que "vamos a ir al TC si esto prospera. La pensión se pagará desde febrero y el financiamiento tendremos que esperar si esto va al TC. Nos sorprendemos con estas indicaciones, que son una reforma tributaria. Esto viene a confirmar que separar los proyectos (la creación de la PGU y el financiamiento) es una decisión acertada, porque de lo contrario no habría existido la PGU".
Planteó que "se nos ha dicho que hay que ser responsables fiscalmente, pero presentan estas indicaciones como la de impuestos a súper ricos, donde su intención queda solo en un titular".
Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, lamentó lo sucedido y lo calificó de un retroceso, apelando que se puede retrasar una política pública "muy esperada" por la ciudadanía como la PGU y que si en el Senado se fusionan los proyectos la norma se retrasará. Cerda mostró disposición a conversar y entregar una gradualidad de dos años al cambio relativo al IVA a los servicios.
El diputado RN Leopoldo Pérez confrontó a la oposición y dijo que "si quieren hacer una reforma tributaria ahora y no en su gobierno díganlo con transparencia, pero no vengan a entorpecer una buena política pública".
Sin embargo, el diputado Miguel Crispi (RD) aseguró que "no hay intento de torpedear, lo que decimos es que no está financiado con impuestos permanentes y lo que queremos es convergencia fiscal y sustentabilidad de la política pública. No es bueno avanzar sin nuevos ingresos permanentes".
El proyecto, que cumple su primer trámite constitucional, pasó a la sala de la Cámara de Diputados, que lo tiene en tabla para el próximo lunes.
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