De incertidumbre se tiñó ayer el acuerdo anunciado el domingo entre la directiva de la Democracia Cristiana (DC), representantes de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y el gobierno para destrabar el proyecto de reforma tributaria.
Esto, luego de que los representantes de la falange en la comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz, se restaran de firmar el documento, que otorgaba un apoyo explícito del partido a la integración del sistema tributario a cambio de medidas “progresivas” de compensación por al menos US$ 400 millones por año comprometidas por el Ministerio de Hacienda.
Ortiz y Lorenzini han manifestado su incomodidad con lo convenido, señalando que deben analizar en detalle las indicaciones que el Ejecutivo ingresará el próximo martes 2 de julio ante la instancia parlamentaria antes de tomar una decisión.
En paralelo, los diputados opositores de la comisión de Hacienda manifestaron sus críticas al contenido del documento, asegurando que es más bien un pacto entre la directiva del partido, liderada por Fuad Chahin y el jefe de bancada de los diputados Gabriel Ascencio, que no compromete a los legisladores.
Por lo mismo, los integrantes opositores en la comisión Marcelo Schilling y Manuel Monsalve (PS), Pepe Auth (independiente pro Partido Radical), Daniel Núñez (PC) y Giorgio Jackson (RD) intentarán convencer a Ortiz y Lorenzini para alinearse con la exNueva Mayoría y rechazar la integración del sistema.
Las partes se verán las caras el lunes primero de julio, en una reunión para coordinar esfuerzos de cara al reinicio de la votación en particular del proyecto.
El diputado Núñez criticó lo que considera un acuerdo “presionado por la directiva de Chahin y en el que los protagonistas no son los diputados Lorenzini y Ortiz”, enfatizando que “bajo ninguna circunstancia” aprobará la reintegración del sistema.
“Esperamos tener un acuerdo con la DC en esa línea, ya que debe ser extraño para ese partido asumir que las conquistas sociales alcanzadas con la reforma tributaria del 2014 fueron un error y deben ser corregidas con esta reforma, como espera el gobierno. Lo ideal es conversar con Lorenzini y Ortiz”, dijo.
El diputado Schilling calificó como “confuso” el protocolo, “tanto en su contenido como en su alcance”.
“Todo lo que se logró en la negociación y que aparece en el documento firmado por la DC fueron cosas que la oposición ya tenía en el bolsillo, como las mejoras a los adultos mayores y las rentas regionales”, lanza el legislador, señalando que “no dan los plazos” para despachar el texto al Senado a más tardar en 30 días.
A Auth le parece “una mala señal” que la negociación se diera “fuera del Congreso” con la directiva de un partido y no con los parlamentarios de la comisión de Hacienda.
“No he visto la firma de Ortiz y Lorenzini en el documento. Sin firma, no hay un compromiso de voto. No me imagino a Lorenzini y Ortiz reaccionando a órdenes de partido. Seguiremos conversando en la comisión de Hacienda y en el trámite en particular con el gobierno”, asegura.
Mientras que Jackson calificó como una “teleserie”el pacto entre Chahin y el gobierno, considerando el nivel de “descontento” al interior de la DC: “Estamos a la espera de si la mayoría de la bancada DC va a apoyar o no la reintegración. Esperaremos a la votación para ver si están disponibles para legislar para el 1% más rico del país o para la mayoría de la ciudadanía”.
Senadores cierran filas
El pacto para destrabar la reforma trascendió desde la Cámara de Diputados al Senado, donde el texto se comenzará a analizar -en el mejor escenario- a partir de agosto.
Ayer, los senadores opositores integrantes de la comisión de Hacienda Jorge Pizarro (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Carlos Montes (PS) se reunieron para acordar una postura de “actuar en conjunto” para analizar las indicaciones del Ejecutivo, en especial respecto a la integración del sistema.
“Cuando llegue el proyecto al Senado, analizaremos el impacto en recaudación, progresividad e inversión. No es bueno andar cambiando las reglas tributarias cada cuatro años”, señaló Pizarro.
Lagos Weber dijo que lo que “corresponde” es que el gobierno “presente por escrito las indicaciones, ya que cuando ocurrió lo mismo con pensiones tomó casi un mes que para se presentaran las indicaciones. Tendré la mejor disposición para discutir el proyecto cuando llegue al Senado, pero hasta ahora no se ve por dónde se está compensando un tratamiento preferencial a los chilenos que les va mejor”.
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