Necesidades y prioridades del gasto fueron los temas principales que se abordó en la reunión sostenida este jueves entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y los representantes de los partidos políticos, en el marco del pacto fiscal que busca viabilizar el Gobierno.
En su presentación, el Ejecutivo detalló los cuatro ejes prioritarios: pensiones, salud, seguridad ciudadana, y protección social, que en su conjunto involucran recursos por US$ 8 mil millones, equivalentes a 2,7% del PIB en régimen.
Marcel estuvo acompañado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve; la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos; y el director de Fonasa, Camilo Cid.
En pensiones, el gasto corresponde al 1,2% del PIB, enfocado en el incremento del valor de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 250 mil y su aumento de cobertura; y el costo fiscal por el aumento de 6% de las cotizaciones a cargo de empleadores.
El aumento del monto de la PGU y la extensión del beneficio al 100% de adultos mayores, más las demás modificaciones propuestas, implican un aumento en la cobertura a 166 mil personas al año 2030, con un incremento en el gasto de $ 362.543 millones.
También, se detalló que el primer año de publicada la ley serán beneficiarios PGU con sus modificaciones aquellos que no tengan derecho a otra pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia de algún régimen previsional, mutualidades o leyes de reparación. Además, se aumenta el monto de los beneficios solidarios de Invalidez.
Al segundo año vigencia serán beneficiarios aquellos que perciban otra pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia y que tengan una pensión base inferior o igual a $ 100 mil y comienza a regir nuevo Instrumento de Focalización. Al tercer año, se beneficiarán quienes perciban otra pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia y que tengan una pensión base superior a $ 100 mil e inferior o igual a $ 400 mil.
El cuarto año de publicada la ley serán beneficiarios aquellos que perciban otra pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia y que tengan una pensión base superior a $ 400 mil; y el primer día del sexto año siguiente a la publicación de la ley se eliminará la focalización de la PGU.
Sistema de cuidados y sala cuna
En el pilar de cuidados, el costo es de 0,2% del PIB, que se invertirá en mecanismos de apoyo a personas mayores y personas en situación de discapacidad; registro, reconocimiento y apoyo a cuidadores y cuidadoras; y la definición de una canasta básica de cuidados.
En protección social, por ejemplo, se ampliarán desde 157 a 300 comunas la cobertura de centros comunitarios y diurnos; de 90 a 300 comunas la Red Local de Cuidados; y se entregará apoyo a 70 mil cuidadores de personas menores de edad o no valentes.
Respecto a sala cuna, el gasto será de 0,1% del PIB. Se crea un Fondo “Sala Cuna para Chile”, financiado con cotizaciones del empleador y aportes fiscales, para acceso universal, de niños y niñas de madres y padres, que al quinto año de implementación entregará beneficios por $ 189.921 millones.
En salud se estima un gasto de 0,9% del PIB, desglosado en salud primaria (0,5%); reducción de tiempos de espera (0,3%); y salud mental (0,1%). Finalmente en prevención, seguridad pública y crimen organizado se contempla un gasto de 0,3% del PIB.
El próximo jueves será la reunión final entre las partes, donde se abordarán -en dos tandas- las medidas para combatir la evasión y la elusión y se elaborará un documento con los acuerdos y disensos entre los distintos actores.
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