Propuesta de Hacienda modificará en forma sustancial el secreto bancario con fines tributarios

Las medidas para combatir la evasión y la elusión son parte relevante de la reforma tributaria del gobierno. De hecho, Hacienda anticipa que serán la principal fuente de recaudación del paquete, aportando 1,6 puntos del PIB de los 4,1 que se buscan recolectar a partir de 2026.

Dentro de dichas medidas, la propuesta del gobierno contempla un cambio fundamental al secreto bancario para fines tributarios.

El proyecto establece que el contribuyente tendrá 15 días hábiles para oponerse a la solicitud de acceso, contados desde el día que recibió la carta certificada.

Hoy, la normativa establece que el Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá solicitar autorización a un tribunal para acceder a la información bancaria de un contribuyente, en el entendido que hay sospechas sobre operaciones potencialmente contrarias al interés fiscal. Este proceso, señalan fuentes del gobierno, toma entre dos y tres años tradicionalmente.

Ahora, en la reforma tributaria se busca revertir el paradigma: que el SII pueda acceder a las cuentas bancarias, previa notificación a la institución financiera, la cual dará aviso al titular de la cuenta, quien deberá explicitar si se opone a dicha apertura.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ahondó en el punto durante la presentación de los ejes del proyecto ante la comisión del ramo de la Cámara.

“En este caso, se traslada al contribuyente la decisión de reclamar frente a un procedimiento de secreto bancario. Actualmente es el servicio el que tiene que justificar ante el tribunal el solicitar información amparada por secreto bancario. Acá lo que se plantea es al revés, que sea el contribuyente el que pueda interrumpir ese procedimiento, tiene que justificar por qué lo está haciendo”, detalló.

Expertos respaldan medida

La liberación del secreto bancario fue uno de los requisitos que exigió la OCDE el año 2010 para el ingreso de Chile, recuerda el socio de BLTA, Rodrigo Benítez.

“Se debe proteger que no exista abuso de esta facultad, de manera de no afectar los derechos de los contribuyentes”, señala, apuntando por ejemplo a garantizar la protección de los datos personales y la vida privada de los contribuyentes.

El socio del estudio jurídico Palma, Juan Eduardo Palma, enfatiza que pese a que la transparencia “es clave” para el desarrollo de mercados sanos y para una justa fiscalización y justicia fiscal, “también resulta clave que el ordenamiento jurídico equilibre correctamente el legítimo derecho de defensa de un individuo frente a la discrecionalidad de los órganos del Estado”.

El socio de Recabarren y Asociados, Luis Felipe Ocampo, agrega que con este estándar Chile se ubicaría a niveles de países como Australia, Canadá, Francia o Grecia. Esto, dice, busca “imponer un cerco más estrecho” a los contribuyentes, de manera de ejercer un “control cercano de sus actividades y rentas, para que el alza de impuestos sea efectiva y, así, invertir el orden para que el contribuyente sea quien debe accionar para oponerse”.

El gerente de Impuestos de Grant Thornton, Oliver San Juan, cuestiona la medida, considerando que la semana pasada se publicó la ley que obliga a los bancos a informar al SII los saldos en cuentas superiores a 1.500 UF: ¿por qué seguir presionando aún más en esta materia, otorgando al SII facultades de acción para exigir directamente a los bancos información sobre las cuentas bancarias de los clientes? No veo una razón clara”.

Una visión parecida tiene el socio de Moraga & Cía., Álvaro Moraga: “No resulta recomendable entregar este tipo de facultades a una entidad que es parte de la estructura política, como es el SII (que depende del Ministerio de Hacienda), sin ningún tipo de control jurisdiccional”.

Al socio de Puente Sur, Ignacio Gepp, le “parece raro simplemente no levantar el secreto bancario de forma completa, ya que es contraintuitivo que una persona tenga que dar explicaciones respecto a por qué quiere que se respete su derecho a la privacidad”.

El director de AK Contadores, Patricio Gana, considera que es “un poco inevitable que nos vamos a ir conduciendo hacia un proceso de eliminación del secreto bancario en forma gradual. Las sociedades en general están apuntando hacia allá”, aunque recalca que el uso de la medida debe ser “excepcional”.