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Publicado: Jueves 12 de marzo de 2020 a las 04:00 hrs.
La Operación Renta es el proceso anual en el que los contribuyentes, tanto personales naturales como empresas, declaran los ingresos que percibieron el año anterior y pagan los impuestos correspondientes.
El proceso tradicionalmente se inicia el primero de abril de cada año y se extiende hasta inicios de mayo. Los resultados se conocen durante julio.
El año tributario se refiere al ejercicio en el que desarrolla la Operación Renta, la que considera la información comercial del año previo. En el caso del proceso 2020, tomará como base el año comercial 2019.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) establecen un cronograma para que los contribuyentes realicen su declaración de impuestos -la mayoría a través de Internet- y, en caso de tener excedentes, el Fisco realiza una devolución de los gravámenes a los contribuyentes. Entre antes se presente el formulario de renta (conocido como F22), más pronto se realiza la devolución de impuestos.
El proceso de este año tiene como particularidad que será el último en el que se paguen los tributos con el sistema impositivo derivado de la reforma del 2014, el que contempla los regímenes semi integrado, renta atribuida y 14 ter para PYME.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.