A las 16 horas en punto, el gobierno finalmente ingresó ayer la Cámara de Diputados su esperada reforma tributaria, con la que busca recaudar 4,1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en cuatro años.
Mediante cambios a la tributación de las personas, restricción a las exenciones y la desintegración del sistema, el Ejecutivo tratará de contar con US$ 12.000 millones extras a partir de 2026.
La nueva tasa para las ganancias de capital bursátiles y los cambios en arriendos comenzarán a recaudar en 2024, el nuevo sistema dual desde 2026 y los cambios al Global Complementario desde el 2023.
Una novedad del proyecto, que tiene 260 páginas de extensión entre el mensaje y el informe financiero, es que el Ejecutivo revela en qué gastará lo recolectado.
Así, parte señalando que 2,9 unidades se destinarán a las reformas de pensiones y el sistema de salud, 0,3 unidades a fortalecer el nuevo Sistema Nacional de Cuidados, 0,7 punto del PIB a financiar políticas productivas y de investigación y desarrollo, y por último 0,4 punto a políticas de educación.
Si bien los ejes ya eran conocidos, como la desintegración del sistema, el aumento de la tributación para las rentas desde $ 4 millones mensuales, la creación de un impuesto al patrimonio, el nuevo royalty a la minería y la tributación de los ingresos percibidos por DFL-2, el texto trae otras novedades.
Por ejemplo, se restringirán una serie de beneficios impositivos para las herencias y las donaciones, en el marco de las medidas para aumentar la carga de los altos ingresos.
Por ejemplo, las donaciones revocables dejarán de estar exentas del pago de impuestos. Estas son aquellas por la cual una persona da o promete dar a otra una cosa o un derecho para después de su muerte, conservando la facultad de revocarlo mientras viva.
También, se deroga una exención con tope de $ 15 millones al mes para las donaciones incluido en la reforma tributaria del gobierno anterior.
Asimismo, se elimina el beneficio tributario para las herencias de viviendas DFL-2, sujetándolas al régimen general de impuestos.
Los cambios van en línea con limitar algunas tendencias que se han visto en lo más reciente, como traspaso de patrimonio entre grandes empresarios y sus familiares.
En el marco de las mayores potestades y recursos que tendrá el Servicio de Impuestos Internos (SII), la reforma contempla entregarle recursos para fiscalizar el traspaso de riqueza entre generaciones, el correcto pago del nuevo impuesto Global Complementario y el tributo al patrimonio.
Con estas medidas administrativas y legales, se espera recaudar un 0,35% del PIB en régimen.
Medidas contra el comercio informal
Una de las sorpresas que trae el texto es que se facultara al Servicio de Impuestos Internos (SII) y se le inyectarán recursos para una mayor fiscalización y control del comercio informal.
Este era uno de los puntos más repetidos por expertos y parlamentarios de oposición durante los diálogos sociales de la reforma tributaria.
En específico, se implementarán nuevas tecnologías y modelos analíticos para procesar mayores volúmenes de información para “detectar comercio informal”, así como desarrollos informáticos “capaces de rastrear operaciones comerciales en páginas web que no cumplan con obligaciones tributarias”, dice el proyecto. Se espera recaudar 0,04% del PIB con estas medidas. En régimen, se le entregarán $ 1.589 millones adicionales al servicio y $ 807 millones para Tesorería para cumplir con estas tareas.
Los artículos transitorios
Otra novedad es que se establece una ventana transitoria para retirar las utilidades acumuladas en el registro de rentas afectas a impuesto (RAI). De esta manera, se permitirá el uso de estas utilidades durante el tránsito al sistema ahora llamado dual que se crea con la desintegración.
La opción estará abierta entre 2023 y 2027. Los tres primeros años con una tasa de impuesto de 10% y los dos últimos con un gravamen de 12%. La recaudación esperada oscila entre 0,1% y 0,2% del PIB por año.
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