Ya a casi un mes de su presentación, la reforma tributaria continúa siendo objeto de análisis en las principales firmas de auditorías del país.
Es que el texto, con más de 260 páginas de extensión entre el mensaje presidencial y el informe financiero, considera cambios profundos al sistema tributario, como la desintegración del régimen para las empresas, el aumento en los tramos medios y altos del Global Complementario, la eliminación o ajuste a exenciones tributarias, las medidas para combatir la evasión y la elusión, y la creación de un impuesto a la riqueza de los altos patrimonios.
Marcel se ha abierto a modificaciones en DFL-2, facultades del SII, impuesto a utilidades retenidas e impuesto de 5% por pérdida de residencia o domicilio fiscal.
Muestra del interés por conocer de primera fuente los pormenores del texto -ya ingresado a la Cámara de Diputados- es la solicitud de audiencias que han ingresado las cuatro principales auditoras del mercado para reunirse con los equipos técnicos de Hacienda.
Así, los socios y socias tributarias de las firmas EY, Deloitte, KPMG y PwC han asistido en las últimas semanas a reuniones con los coordinadores impositivos y "cerebros" de la reforma en Teatinos 120, Diego Riquelme y Nicolás Bohme. En las citas participan también otros asesores clave del ministerio dependiendo de la agenda.
En específico, la semana pasada asistieron los principales exponentes de EY Chile. El jueves será el turno de sus pares de PwC Chile y se espera también que esta misma semana asistan los especialistas de KPMG y Deloitte.
Las reuniones, solicitadas por las firmas de auditoría a través de la plataforma de lobby, servirán no solo para adentrarse en los pormenores de la reforma, sino también para sugerir eventuales modificaciones.
Es que las reuniones se dan en momentos en que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se ha abierto a recibir sugerencias para modificar algunos puntos controversiales de la reforma, como el fin de la exención a las rentas por arriendo de viviendas DFL-2, el impuesto de salida de 5% para contribuyentes que pierdan la residencia o domicilio tributario en el país, la base a la cual se aplica el impuesto de 1,8% para las utilidades retenidas en sociedades de inversión, las nuevas facultades de fiscalización que tendrá el Servicio de Impuestos Internos (SII), y el diseño del nuevo royalty a la minería, entre otras materias.
Ya en los meses previos al ingreso de la iniciativa se habían realizado reuniones por plataforma de lobby sobre materias específicas. Por ejemplo, en abril y mayo Bohme y Riquelme recibieron a representantes de Deloitte y del Consejo Minero para abordar el royalty a la minería, y de la eléctrica Guacolda para tratar las modificaciones a los impuestos verdes (proyecto que ingresará al Congreso a fin de año). Mientras que durante junio la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, recibió a representantes del Canada Pension Plan Investment Board para tratar, según la plataforma, las reformas tributaria y de pensiones.
Lo que propusieron en los diálogos sociales
Las firmas de auditoría tuvieron una activa participación en los diálogos convocados por Hacienda para preparar el diagnóstico sobre el sistema tributario durante abril y mayo.
Por Deloitte asistieron los socios tributarios Hugo Hurtado y Ximena Niño, quienes propusieron aumentar las tasas marginales aplicables a cada tramo -menos el exento- del impuesto personal, con mayor incidencia en los tramos medios-altos y altos de rentas, para que la tasa más alta pase de 40% a 45%. Esto lograría aumentar la recaudación en cerca de 0,45% del PIB. También, propusieron eliminar el régimen de renta presunta, revisar el impuesto específico al diésel y las franquicias fiscales para la enajenación de bienes raíces.
Los socios de KPMG Andrés Martínez y Alberto Cuevas advirtieron que desde el 2014 el país ha realizado cinco reformas relevantes en materia tributaria, con cambios en distintas materias y aumentos en tasas y recaudación. “Compartimos la visión de que no podemos seguir saltando de reforma tributaria a reforma tributaria”, señalaron.
Por el lado de PwC, los socios en impuestos Germán Campos y Loreto Pelegrí se manifestaron en una línea similar, apuntando a la “inestabilidad tributaria” que vive el país desde 2012. “El ideal es generar condiciones de mayor certidumbre que permitan recuperar la tasa de inversión extranjera y la confianza de los inversionistas en general”, enfatizaron.
Los socios de EY Víctor Fenner, Juan Antonio Rivera y Bárbara Veloso, sugirieron como una forma de “incentivar” la formalización que los contribuyentes puedan descontar de su base de impuestos personales los gastos en educación en sus distintas etapas, en cuidados, atención médica, contingencias sociales no cubiertas por seguros y cargas familiares.
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