Los tiempos de tramitación del proyecto de reforma tributaria en la comisión de Hacienda de la Cámara se han extendido mucho más de lo esperado. Ayer los legisladores avanzaron en el despacho de casi la totalidad del primer artículo del proyecto, el que abarca tópicos polémicos como los cambios a la Norma General Antielusión y las nuevas potestades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otros. Este proceso tomó alrededor de un mes.
Ahora, el escenario se ve complejo para la instancia parlamentaria, ya que en las próximas semanas aterrizará la otra reforma emblemática del actual Ejecutivo: el proyecto de pensiones, que involucra mayor gasto fiscal que deberá ser analizado “con lupa” por la comisión liderada por el comunista Daniel Núñez.
Consciente de aquello, ayer el Ejecutivo y la oposición avanzaron en conversaciones para apurar la tramitación del texto. Al término de la sesión, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expresó su “preocupación” por el avance de la iniciativa, a la misma vez que valoró que se “apurara el tranco” al despachar casi la totalidad del primer artículo.
Así, el secretario de Estado le propuso a Núñez aumentar el número de sesiones semanales en las que se analiza el proyecto, incorporando la posibilidad de abordarlo lunes, martes y miércoles.
El timonel de la comisión aceptó en buenos términos la propuesta de Larraín. De hecho, se fijó para el lunes a las 15 horas el término del despacho del primer artículo y la exposición del paquete de indicaciones que presentó hace un par de semanas el Gobierno, con compensaciones por US$ 400 millones al costo fiscal de la integración.
“Queremos apurar el tranco y lo que le propongo es cambiar urgencias a otros proyectos para que también tenga más espacio la comisión para analizar el proyecto tributario y el de pensiones”, le planteó Larraín al diputado Núñez.
En Hacienda hay conciencia de la complejidad de alcanzar el compromiso explícito en el protocolo de acuerdo firmado con la directiva de la Democracia Cristiana (DC) y los gremios PYME, en la línea de despachar al Senado a fines de julio la reforma tributaria. A estas alturas, dicho objetivo es prácticamente inalcanzable, confidencian en la cartera y en el Congreso.
Esto, ya que recién la próxima semana podría iniciarse el análisis y votación del segundo artículo del proyecto, el que abarca los tópicos relativos al impuesto a la renta. Allí, se encuentra la integración del sistema tributario, el denominado “corazón” de la reforma y que es rechazado tajantemente por la oposición.
Polémica en derechos de contribuyentes
En la sesión de ayer, los parlamentarios despacharon la mayoría de los artículos relacionados con los derechos de los contribuyentes y las nuevas facultades de fiscalización del SII, englobando también ajustes para la Tesorería General de la República y los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA).
Sin embargo, hubo un tema que fue objeto de controversia en la instancia: la propuesta del Ejecutivo de que las pruebas no presentadas por los contribuyentes durante la etapa administrativa de un reclamo ante el SII, puedan ser acogidas en una posterior etapa judicial ante los TTA.
Parlamentarios como Pepe Auth y Daniel Núñez advirtieron que con dicha propuesta, se estaba “premiando” a los “malos contribuyentes”, quienes “esconderían pruebas” en la fase prejudicial para anotarse victorias ante el juez tributario.
El coordinador de Política Tributaria de Hacienda, Manuel Alcalde, refutó dichos argumentos, señalando que lo que se busca es que los contribuyentes “tengan todos los medios de prueba a su disposición” durante la etapa judicial, argumentando que hay que tener en cuenta que personas sin grandes recursos no lograrían presentar antecedentes antes del juicio debido a falta de conciencia de su existencia o por causas atribuibles a terceros.
A pesar de las críticas de los parlamentarios, la propuesta fue aprobada por la comisión.
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