La tramitación del proyecto de reforma tributaria en el Congreso ha sido más lenta de lo esperado.
Tentativamente, el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Jaime Naranjo (PS), propuso que el miércoles 31 de agosto se votara la idea de legislar, para luego abrir el período de indicaciones y, eventualmente, despachar el proyecto a Sala y luego al Senado antes del 30 de septiembre.
“Veo con cierta dificultad que podamos votar antes del 31 de agosto, ya que no estaríamos cumpliendo el programa que nos hemos trazado”, dijo Jaime Naranjo.
Sin embargo, al menos el primero de esos plazos está en duda, debido a dos factores: las postergaciones sucesivas en las audiencias de expertos y organizaciones gremiales; y también en el inicio de la mesa de trabajo entre Hacienda y asesores de los parlamentarios para comenzar a abordar indicaciones a la reforma.
“A raíz de las reiteradas suspensiones de sesiones que hemos tenido estas últimas semanas por llamados a Sala cuando sesiona la comisión de Hacienda, veo con cierta dificultad que podamos votar antes del 31 de agosto, ya que no estaríamos cumpliendo el programa que nos hemos trazado de escuchar a distintas organizaciones y personas que nos han solicitado ser recibidas. Tendremos que ver cómo reprogramamos la agenda de la comisión”, explicó el legislador.
Es que se suspendió la sesión de la comisión prevista para este miércoles. ¿La razón? La tramitación en Sala de una nueva extensión del estado de excepción en el sur.
En tanto, se espera que esta semana se inicie oficialmente la mesa de trabajo entre Hacienda y asesores de los legisladores. Se preveía una primera cita para ayer martes, pero nuevamente se pospuso.
¿Dividir el proyecto?
En vista de los sucesivos atrasos, ayer diputados integrantes de la comisión de Hacienda abordaron la posibilidad de dividir el proyecto principal de la reforma -cambios al impuesto personal y exenciones, desintegración del sistema, medidas contra evasión y elusión y la creación del impuesto a la riqueza-, para así apurar su tramitación, junto con la del royalty a la minería que se tramita en paralelo en el Senado.
La idea fue respaldada por los RN Miguel Mellado y Frank Sauerbaum, el DC Ricardo Cifuentes y el independiente Carlos Bianchi, argumentando que el foco es priorizar las medidas donde hay mayor “consenso”, como las que reducen la evasión y la elusión, y tomarse “más tiempo” para discutir los otros puntos de la reforma, como el impuesto a la riqueza y los cambios al gravamen a la renta.
El PC Boris Barrera fue la voz disonante, señalando que antes de tomar una determinación de este tipo se deberían escuchar a más expositores.
“Más que la fecha, lo importante es la profundidad y acordar indicaciones con el Ejecutivo. Insistiré en que el tratamiento de la reforma no esté sujeta a imponernos plazos, debemos darnos el tiempo necesario y dar garantías de certezas para inversión”, dijo Bianchi ante la postergación en la fecha de votación.
Sauerbaum valoró que se extienda el debate, ya que cree que no es sano que se mezcle el período electoral con la tramitación de la reforma.
Por su parte, Cifuentes espera que a la “brevedad” se conforme la comisión de expertos con Hacienda para discutir indicaciones que “mejoren el proyecto. Lo importante es tener un buen proyecto que efectivamente recaude más, que los sectores con más ingresos paguen más impuestos”.
El diputado de la comisión, Guillermo Ramírez (UDI), afirmó que hasta el minuto no se mueven los plazos que hablan de despachar el texto a Sala en septiembre: “Me parece que los expertos han sido más duros con la reforma de lo esperado. Es sensato, por tanto, no apurar tanto el tranco”.
Mientras que Agustín Romero (Republicanos) apuntó al gobierno por -señaló- priorizar la extensión del estado de excepción en lugar de acelerar la discusión de la reforma: “Estoy a completa disposición de poder seguir tramitando esta iniciativa con calma, en forma muy reflexiva y escuchando a todos los expertos”.
Economistas se toman las audiencias
La sesión escuchó ayer las presentación del exministro de Hacienda y director de Clapes UC, Felipe Larraín; del exsubsecretario de Hacienda y docente de la U. de Chile, Alejandro Micco; y del académico de Finanzas de la UAI, Rodrigo Wagner.
Larraín y Micco coincidieron en sus críticas al impuesto de 1,8% a las utilidades retenidas en las sociedades de inversión y en el gravamen a la riqueza, tanto por sus recaudaciones como por sus tasas.Wagner sugirió que el impuesto al patrimonio contenga una cláusula “anti expropiación”, dando como ejemplo a Suiza, para que la carga no sea excesiva ni afecte la inversión, dijo.
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