Como independiente se define el abogado Rodrigo Rojas. Y la aclaración viene al caso porque el socio del estudio Abdala & Cía. fue uno de los expertos consultados por la directiva de la Democracia Cristiana (DC) para elaborar el protocolo de acuerdo firmado entre el gobierno, la falange y representantes de las PYME.
Rojas recalca el valor de dicho pacto tras la presentación, hace una semana, del paquete de indicaciones de parte del Ejecutivo que “aterrizó” lo convenido, el que será uno de los temas de análisis del seminario “Debates tributarios”, que el bufete organizó en conjunto con la Universidad de Chile y en que durante dos días congregará a expertos como el exdirector del SII, Ricardo Escobar; la socia de Recabarren & Asociados, Soledad Recabarren, y el excoordinador de Política Tributaria de Hacienda, Alberto Cuevas, entre otros.
Esto coincide, enfatiza, con la firma de un Convenio de Colaboración entre la Facultad de Derecho y la Asociación de Fiscalizadores del SII (Afiich) y con el lanzamiento de la nueva versión del Magister en Derecho Tributario que organiza la Escuela de Postgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
“El protocolo de acuerdo es un buen reflejo del acercamiento de la DC y el gobierno respecto de los temas centrales de la reforma, que finalmente se tradujeron en las indicaciones que se ingresaron la semana recién pasada. El objetivo del documento era fijar cuáles eran los temas que se iban a tratar como condición para la aprobación del proyecto”, recalca.
- ¿Está convencido de la solidez técnica del protocolo?
- El documento es una hoja de ruta, y es preciso en cuanto a los temas y objetivos perseguidos por las partes, sin olvidar que lo firmaron además los representantes de las PYME que estuvieron de acuerdo con su contenido, y especialmente con las normas que las afecten específicamente.
Nunca se pensó en que fuera un documento de contenido técnico, sino un listado de temas que se consideraron fundamentales para acordar, indicando en cada caso el objetivo del acuerdo.
- ¿Qué puntos destacaría?
- Los puntos más relevantes son el nuevo régimen de las PYME; una nueva redacción del concepto de gasto necesario, que debe ser complementada con una adecuada interpretación por parte del SII; la incorporación de normas especiales antielusivas y, como es obvio, la idea de reponer la integración total.
- ¿Cuál es su visión de la integración del sistema?
- Lo primero que hay que señalar es que la integración es un mecanismo de entre muchos que pueden utilizarse en la técnica tributaria y que no implica una rebaja de impuestos, como erróneamente se señala. Es una simple postergación de la tributación de los propietarios de las empresas, con objetivos económicos para promover el ahorro y la inversión. No creo razonable demonizar la integración, pues existió durante muchos años y, en general, funcionó bien.
Lo importante es cerrar los espacios de elusión que se usaron en el pasado, y que hoy con la Norma General Antielusiva y con las normas especiales que se agregaron en las indicaciones serán imposibles de utilizar.
- ¿Se puede compensar el impacto en recaudación y progresividad que genera la reintegración tributaria?
- El gobierno comprometió medidas compensatorias del orden de US$ 400 millones y acompañó un informe financiero que lo respalda. No es posible ni fácil determinar con precisión si las medidas generaran dichos ingresos -pues se trata de estimaciones-, pero los comprometidos vienen de distintas fuentes, lo que permite suponer que ellos serán posibles de alcanzar. 
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