Una positiva recepción hubo entre los abogados al aumento en las penas y sanciones para delitos tributarios.
El socio de Recabarren & Asociados, Álvaro Pérez, asegura que todas las políticas encaminadas a evitar la comisión de ilícitos o delitos tributarios “constituyen un avance en la materia y son positivas”, pero plantea que para garantizar su efectividad “debieran ir asociadas al fortalecimiento de las facultades del SII para detectar y prever estos delitos”.
Punto con el que coincide la socia principal de EY Chile, Macarena Navarrete, quien recalca que “más importante que el piso de las penas y multas, es la capacidad del sistema de detectar y anticipar los posibles delitos tributarios”.
El abogado de Moraga & Cía., Álvaro Moraga, suma otro aspecto: “Sanciones para aquellos funcionarios que abusen de su poder fiscalizatorio o resolutor. El aumento de las penas tiene un fin disuasivo que debe aplicar para todos los involucrados”.
Para la socia de Brzovic & Cía. y de la alianza con Fontaine & Cía., Magdalena Brzovic, las penas “hoy están bien” y cree el problema “es la discrecionalidad en su aplicación. Espero que con estas medidas puedan aplicarse rigurosamente”.
Pero para Claudio Bustos, socio de Bustos Tax & Legal, “tampoco se trata que todos los delitos tributarios sean castigados con pena efectiva de cárcel, sino sólo aquellas conductas que cumplan ciertas condiciones, como reiteración, reincidencia o grandes montos defraudados al Fisco”.
Un punto de debate, tal cual lo es la exclusividad del inicio de la acción penal de parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). El exfiscal Carlos Gajardo reiteró ayer la necesidad de que el Ministerio Público tenga la potestad para perseguir delitos tributarios sin requerir una denuncia o querella de parte del SII.
En la misma línea, el socio de Tax & Legal de BDO, Cristián Vargas, acota que lo requerido no es necesariamente el aumento de las sanciones, “sino que solucionar el problema de que la acción penal en materia de delitos tributarios sea una facultad exclusiva de la autoridad administrativa, situación que presenta el riesgo de que la decisión de ejercerla no se funde adecuadamente en criterios objetivos”.
El extitular del SII, Ricardo Escobar, discrepa de dicha hipótesis: “si como víctima tengo la posibilidad de hacer que con un costo bajo un estafador me devuelva todo el dinero, reajustado, con intereses y además con multas que pueden ser hasta 3 veces el monto del fraude ¿por qué no? ¿Estoy obligado a desgastarme años en costosas peleas para tratar de meterlo preso y no conseguir el pago? No es racional satisfacer el ego de algunos en el Ministerio Público a costa del interés fiscal”.
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