Casi una semana ha pasado desde que se conociera el polémico fallo de la Corte Suprema respecto a que las sociedades de inversión pasivas no estarían afectas al pago de patente municipal, una decisión que representó un cambio de criterio del proceder del máximo tribunal desde al menos 2010. Y el tema aterrizó ayer en el Congreso.
La comisión de Gobierno Interior del Senado realizó una sesión especial para abordar el impacto del pronunciamiento en las finanzas de las municipalidades.
La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) advirtió de un millonario perjuicio en las arcas municipales en caso de ampliarse el criterio a todos los casos en el país. El coordinador de Administración y Finanzas de la entidad, Gabriel Flandez, mostró cifras de lo que representan las patentes para las arcas de los gobiernos locales: el año pasado, los municipios captaron por dicho concepto US$ 953 millones ($ 120.000 millones), mientras que US$ 167 millones ($ 685.000 millones) provinieron de las sociedades de inversión.
Según el directivo, el impacto potencial de ampliar el nuevo criterio de la Suprema a todas las municipalidades del país restaría el equivalente al 17,5% del Fondo Común Municipal (FMC), el principal mecanismo de financiamiento de los gobiernos locales. “Esto es equivalente al presupuesto completo de más de 30 municipalidades pequeñas. Hay municipios con muy baja capacidad de generar fondos propios y tienen una alta dependencia del FCM”, dijo.
Las cifras de la AChM dan cuenta que durante 2018 la mayoría de las patentes comerciales se radicaron en Las Condes (6.988) y Santiago (3.215). Ambas zonas representaron más de un tercio de la recaudación país (US$ 64,7 millones).
El abogado de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), César Rojas, advirtió que el tema de “fondo” es que hay un “daño patrimonial no menor” a las municipalidades, afectando al FCM y, por tanto, “a los municipios más pobres”.
“Este es un cambio brusco en la jurisprudencia de la Suprema y genera incertidumbre jurídica. También hay un tema de equidad, porque hoy cualquier kiosko en una esquina paga su patente, pero hay sociedades de inversión que eluden el pago de patentes”, afirmó.
Alto nivel de evasión
A su turno, el Instituto de Finanzas Públicas de Chile (IFP Chile) calculó que la recaudación potencial por patentes municipales en el país asciende a US$ 1.700 millones, mientras que las sociedades de inversión debiesen tributar US$ 800 millones.
¿Cuál es la realidad? En el país, según datos de la Contraloría General de la República, se recaudan US$ 980 millones por el gravamen municipal, lo que equivale a un nivel de evasión en torno al 43%. Sin embargo, dicho número se acercaría más al 50%, considerando que falta el análisis de 100 mil empresas que declaran capital propio tributario (la base del cálculo de la patente) equivalente a cero.
Las 39.061 sociedades de inversión existentes en el país, según expuso el director tributario del instituto, Alejandro Vera, pagaron US$ 140 millones, lo que equivale a un nivel de no pago de más del 83%.
“Además, el fallo puede abrir un amplio campo de posibilidad para que, mediante estrategias tributarias, sociedades operativas que sí deben pagar patente no lo hagan”, advirtió Vera en una minuta entregada a la comisión y firmada junto con el director ejecutivo del instituto, Aliro Millar.
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