Por Blanca Arthur
La orden fue perentoria: todos a terreno. Fue entonces como en un despliegue inusitado, los ministros, en duplas con subsecretarios de otras carteras, debieron trasladarse en estos días a distintos lugares del país con el mandato de dar a conocer las bondades de la llamada agenda social del gobierno.
Como parte del diseño elaborado en La Moneda, no sólo han participado autoridades relacionadas con el tema, como los ministros de Mideplan, Felipe Kast, o de Hacienda Felipe Larraín, o de la Segpres, Cristián Larroulet, sino todos, incluidos aquellos que poca relación tienen con las medidas, como los titulares de Transportes, Justicia u Obras Públicas -entre otros- quienes han debido explicar los alcances del paquetes de medidas que componen la ampliación del post natal, la eliminación progresiva de la cotización del 7% en salud a los jubilados, el bono bodas de oro o la asignación social, primera etapa del ingreso ético familiar.
Con esta estrategia, la expectativa de palacio es lograr que las medidas sociales anunciadas en marzo, tengan el impacto que en esa oportunidad no alcanzaron, en parte porque la agenda fue prácticamente copada por los líos políticos que exteriorizó la disputa surgida en la región del Bíobío.
La idea es que como se trata de propuestas que son populares porque benefician a amplios sectores, especialmente de menos recursos, puedan contrarrestar el aumento del rechazo al gobierno que han mostrado las últimas encuestas.
Pero ello no significa que no se trate de una apuesta compleja, porque como perciben incluso al interior del oficialismo, la focalización del gobierno en una agenda que no es parte de su sello, corre el riesgo de carecer de la fuerza necesaria para generar el impacto que le dé la credibilidad que se requiere.
El “súper marzo”
Para nadie es un misterio, como incluso admiten en La Moneda, que poner el énfasis en medidas sociales no estaba contemplado como parte del plan para este año, al punto que no fue el foco de las 7 reformas estructurales anunciadas en diciembre como el desafío para 2011.
Pero en marzo, cuando el mal resultado en las encuestas amenazaba con mantenerse como consecuencia del conflicto político, se optó por tratar de cambiar el escenario acelerando el anuncio de iniciativas que estaban pendientes desde la campaña o desde el 21 de mayo pasado, como el aumento del post natal o el 7% de los jubilados, las que junto al bono bodas de oro, más el ingreso ético familiar pasaron a integrar un paquete al que se le dio la forma de una potente agenda social.
Con ello, el propósito del gobierno era, por una parte recuperar la credibilidad al aparecer cumpliendo las promesas, como asimismo cambiar la tendencia que daban cifras de rechazo de casi 50%.
Pero tras las cifras conocidas al comenzar abril, donde el llamado “supermarzo” no produjo variaciones, en La Moneda decidieron redoblar los esfuerzos para tratar de que esta agenda tenga el impacto que ese espera.
Fue en ese contexto que se ideó la salida a terreno de las autoridades, con la finalidad, no sólo de que explicaran el alcance de las medidas, sino además, darle la potencia necesaria a esta agenda, que permita acallar los cuestionamientos de sectores de la oposición que podrían poner en peligro la aprobación de aquellas que están en trámite en el Congreso -como el post natal o el 7%- e impedir que el gobierno pueda exhibirlas como un logro el 21 de mayo.
Aprensiones oficialistas
En esta embestida, en todo caso, lo que más preocupa en sectores del oficialismo, más que las críticas de la Concertación, es que se le esté dando excesivo énfasis a una agenda que, como no se sustenta en los principios de este gobierno, pueda precisamente atentar en contra de éstos.
Como ejemplo se alude a que, en gran medida, la demora en anunciar las iniciativas que están en el Congreso se debió a las aprensiones internas de quienes consideraban que podían afectar el crecimiento o el empleo, como lo planteó directamente el titular de Hacienda, Felipe Larraín.
De hecho, la arremetida del Ejecutivo con sus propuestas sociales, impulsó a los sectores más liberales, liderados por Libertad y Desarrollo, a retomar las críticas, alertando los riesgos frente a lo que perciben como una tendencia marcadamente asistencialista, que no se condice con las ideas que deberían inspirar a este gobierno.
Es cierto que desde La Moneda se defienden apuntando a que la lucha contra la pobreza siempre fue parte tanto de su ideario, sin que por ello desconozcan que la razón de fondo apunta a que no pueden gobernar sólo con las ideas liberales, porque difícilmente de esa manera lograrían que la derecha se mantenga en el poder por otro período.
Es sabido, además, que al Presidente Piñera no le importa la desafección de la elite, ni tampoco se identifica con la ortodoxia más liberal, pero igualmente en su entorno tienen claro que no puede asumir como emblema, una agenda social que no se ancla en los ejes que él mismo planteó para su gestión.
En la perspectiva de quienes miran con aprensión la actual estrategia, el principal riesgo es que ésta no resulte enteramente creíble, si se considera que este gobierno no fue elegido por impulsar la igualdad, sino más bien por la idea de crear una sociedad que entregue más oportunidades a quienes quieren salir adelante.
Buscando coherencia
En este cuadro, en La Moneda admiten que no ha sido fácil estructurar un discurso que compatibilice el énfasis que se le ha dado a estas medidas sociales, sin descuidar aquellas ideas que más identifican tanto a este gobierno, como al propio Piñera, como es el emprendimiento.
Prueba de ello es que en esta embestida social, el diseño del gobierno ha sido intentar diferenciar su agenda con un esquema asistencialista al estilo de Bachelet, aludiendo a que sus medidas están insertas en la idea de caminar hacia una sociedad de oportunidades.
Con ese libreto, diseñado básicamente por Larroulet, los ministros han recorrido el país, tratando de darle coherencia a la agenda social con los principios que inspiran a la actual administración.
Fue lo que intentó hacer el propio Cristián Larroulet en Colina, cuando marcó la diferencia con la era Bachelet, aludiendo a que el actual gobierno se ha preocupado de que las medidas sociales estén acompañadas de oportunidades, como no descuidar la generación de empleos. O lo que expresó en Talca el titular de Justicia, Felipe Bulnes, quien aludió a que las medidas sociales están orientadas a dar ciertas seguridades, pero para impulsar a que las personas sean dueñas de su destino.
Nadie desconoce el esfuerzo de adaptar el sentido de una agenda social que surgió al calor de la campaña electoral para enfrentar a la Concertación, con lo que es el pensamiento más profundo del actual gobierno. Pero es precisamente ese nexo el que muchos perciben forzado, no porque al gobierno no le interesen las políticas sociales o no tenga entre sus prioridades el combate a la pobreza, sino porque las medidas que incorporó en su agenda como prioritarias, con excepción del ingreso ético familiar, no responden a lo que es su sello.
Por eso no son pocos los que consideran que si queda de manifiesto que detrás de esta embestida con propuestas sociales, se esconde el interés de ganar adhesión, pueda estar lejos de lograrlo porque el costo que ello tendría en credibilidad.
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