Angela Chávez M.
Hoy, pasado el mediodía, los jefes de las bancadas de Diputados de la Concertación, más el Partido Comunista (PC), anunciarían la decisión de retirar la acusación constitucional presentada en contra de la otrora intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe.
La medida será explicitada, eso sí, luego que la Sala de la Cámara haya sometido a votación -de acuerdo al reglamento- los nombres de los 5 parlamentarios que integrarían la comisión que debía revisar el libelo.
Ello, en medio de una “puesta en escena” que fue analizada ayer por el comité político-estratégico del bloque y donde volvieron a quedar en evidencia las diferencias que existen al interior del pacto sobre la decisión de retirar la acción fiscalizadora -aunque ya no estarían los votos para su aprobación-, así como la idea dilatar su notificación.
Es que así como algunos representantes del PS, incluido el jefe de la bancada, diputado Alfonso De Urresti, se han mostrado partidarios de seguir adelante con la acusación porque -ha dicho- existirían antecedentes “jurídicos y políticos” para sostenerla, además que sería “impresentable” tratar de explicar “el canje” de bajar la acusación tras la renuncia de la autoridad.
Otros parlamentarios, especialmente de la DC, cuestionaron la decisión de anunciar la medida tras el respectivo sorteo, en un intento por “potenciar” el gesto de retirar el libelo y así mostrar que “la intención no apuntaba a perseguir electoralmente a Van Rysselberghe”.
Unidad y consenso
Pero como se trata de mostrar “unidad”, se impuso la idea que no había que salir peleados y que tras dos meses de haber consensuado la presentación de la acusación, su retiro también había que socializarlo y por tanto “cumplir con el rito” de preguntarle la opinión a todos los diputados. De ahí, que en el comité político, se mantuvo la decisión tomada horas antes por los mismos jefes de bancada de anunciar la medida pasado el mediodía.
Para la ocasión, también se daría a conocer un documento, donde la oposición junto con criticar la actuación de las autoridades de gobierno también confirmarán la determinación arremeter en contra de la ex autoridad regional ante los tribunales de Justicia y la Contraloría. Ello, luego que surgieran nuevos antecedentes sobre la entrega irregular de subisidios en la comuna de Bulnes.
Así lo había anunciado temprano, el vocero de los presidentes de la Concertación, senador PRSD, José Antonio Gómez, al afirmar que “no vamos a cejar en la investigación respecto a las irregularidades administrativas y los ilícitos que se hayan cometido, por eso seguiremos en la Contraloría y ante el Ministerio Público”.
Por su parte, el vocero de los diputados, el PRSD Fernando Meza aclaró que “el nuevo escenario que se presenta falta consensuarlo con nuestros colegas de las bancadas solamente”. Mientras que De Urresti dijo que “los hechos que ameritan (la acusación) siguen existiendo y vamos a perseverar que en la región del Biobío pueda investigarse qué ocurrió”. El DC, Aldo Cornejo, admitió que “la acusación no es propiedad de la DC, es de la Concertación mas el PC”.
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