Por Gonzalo Cerda
Hace exactamente cinco años, la ex presidenta de la República, Michelle Bachelet, en su primer discurso de 21 de mayo, anunció la creación del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional. Fue el primer paso que le allanaría el camino para presentar en diciembre de 2006, el proyecto de ley que reformaría el sistema de pensiones chileno.
Tras arduas negociaciones, modificaciones y sendas reuniones, La Moneda promulgó en marzo de 2008, la Ley
N° 20.255, que se transformó en el cambio más significativo al sistema desde la creación de las AFP en 1980. Ello, porque se incorporan nuevos beneficios, beneficiarios y partícipes del sistema, lo que, a su vez, implica un costo significativo para el Estado que está proyectado por las autoridades hasta el año 2025.
Y para este año, el gobierno destinó alrededor de US$ 2.200 millones que le ayudará a implementar uno de los aspectos clave de la reforma, que contempla la última etapa de la Pensión Básica Solidaria.
El subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, explica que este ítem que queda pendiente de la Ley comenzará a implementarse a partir del 1 de julio.
Sostiene que “lo que corresponde hacer ahora es aumentar la cobertura de las pensiones básicas solidarias hasta el 60% de la población más vulnerable e incrementar el nivel de la pensión máxima autofinanciada que da derecho a recibir un aporte estatal hoy”. Es decir, señala, “recibes un aporte complementario del Estado si estás autofinanciandote una pensión menor que $ 200 mil, pero ahora vas a empezar a recibir también el aporte del Estado si el autofinanciamiento es alrededor de $ 255 mil”. A lo que se suma que se elevará el monto que aporta el Fisco, el que llegará en promedio, a $ 10 mil.
“Entonces, no sólo se trata de un aporte de cobertura en que más gente va a acceder a los beneficios, sino que los que tienen el beneficio también se les va a aumentar. Esos son los hitos más importantes a mediados de año”, señala la autoridad.
Montos por etapa
Pero los recursos involucrados en el presupuesto de este año suman y siguen. En el caso de las Pensiones Básicas Solidarias el total de beneficiarios alcanzará a 1.176.005 personas, con un gasto anual de más de $ 800 mil millones.
Este sistema comenzó con beneficiarios que contaban con una pensión máxima de $ 70.000, el cual se ha ido incrementando anualmente y que a la fecha se encuentra aproximadamente en los $ 200.000. Para 2012, se contempla que este sistema alcance a los $ 255.000.
Respecto al bono por hijo, otro pilar fundamental de esta reforma, las proyecciones de gasto que se contemplaron en el presupuesto 2011 alcanzaban a un poco más de $ 89 mil millones, cifra que contrasta con las proyecciones que se entregaron en el efecto fiscal estimado de la reforma previsional, alcanzaba $ 17.728 millones. Esta diferencia se produce, de acuerdo al subsecretario, porque existen programas con gran demanda como éste, por lo que se requieren recursos adicionales a lo estimado inicialmente.
En tanto, el Subsidio a la Contratación Joven durante 2011 cuenta con un presupuesto de $ 1.922 millones -en un comienzo se contempló recursos por $ 49.785 millones- este beneficio, en lo que corresponde al empleador entró en vigencia el 1 de octubre de 2008 y a partir de 1 de julio de este año, será implementado para los trabajadores, en cuyo caso el subsidio será depositado en su cuenta de capitalización individual. Desde su implementación se han pagado un total de 235.437 subsidios beneficiando a un total de 789 empleadores.
Finalmente, el fondo para la Educación Previsional involucra para este año un presupuesto de $ 1.533 millones destinado a proyectos orientados a trabajadores independientes y al aumento en cotizaciones de los mismos. Durante este proceso se aumentó el monto a adjudicar por proyecto, con el objetivo de fomentar la creación de alianzas y generar proyectos de largo plazo.
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