Por Marta Sánchez Leiva
Una completa reingeniería intenta hacer el gobierno a la ley que dio origen a la creación del Fondo Nacional de la Reconstrucción (FNR). Noticia que fue celebrada por el sector privado y algunos parlamentarios, pues sostienen que esta normativa no logró ser lo suficientemente atractiva ni fácil en su operatividad.
De hecho, el Ministerio de Hacienda recogió las recomendaciones que ha recibido de los propios donantes, beneficiarios, de la Fundación Desafío Levantemos Chile y parlamentarios.
Además, se prevé que el presidente Sebastián Piñera, dedique parte de su próximo discurso de 21 de mayo al tema de la reconstrucción, donde anunciaría que un poco más del 50% del gasto fiscal adicional destinado a la reconstrucción, ya estaría ejecutado, lo que implica 220 mil beneficiarios.
Ampliar beneficio
Para empezar, el gobierno propondrá un cambio al tratamiento tributario que se le otorgó a aquellos particulares que donen recursos al FNR o a una obra específica. Es que -señalan fuentes- tal como se planteó en la actual ley estos beneficios no logran transformarse en un verdadero incentivo para el donante.
Es que, señalan en Hacienda, “se ha detectado que el tratamiento tributario de las donaciones realizadas por los contribuyentes de primera categoría es menos ventajoso que las otras leyes que incentivan donaciones como las educacionales y culturales”. Esto, añaden, “ha afectado el funcionamiento de la Ley, por lo que se está estudiando la posibilidad de equiparar dichos regímenes”.
Para el empresario y creador de la Fundación Desafío Levantemos Chile, Felipe Cubillos, efectivamente “debiera haber un incentivo tributario razonable que puede ser similar al que tiene hoy la ley de donaciones con fines sociales o educacionales”.
Actualmente, esta normativa (Ley 20.444) permite descontar como gasto hasta el 100% de la donación y, en algunos casos otorga un crédito contra impuestos menor a los tratamientos que tienen las donaciones para otros fines. Por tanto en Hacienda explican que buscarán “equiparar el tratamiento tributario a la Ley 20.444 con los regímenes vigentes en otras leyes de donaciones que en general otorgan un crédito por el 50% de la donación”.
“Con esta modificación se espera que todas las donaciones que tengan por objeto la reconstrucción se canalicen a través de la ley 20.444 y no por otras a fin de facilitar la fiscalización y el control efectivo de los recursos donados”, precisan las fuentes.
Largos procedimientos
Otro de los puntos que se atacará es “la burocracia estatal”. Un ejemplo de esto lo entrega el propio Cubillos a través de la inciativa Escuela de Vega Redonda de la Comuna de Vilcún, IX Región. “Este proyecto se presenta el 7 de octubre del año pasado al Ministerio de Hacienda por la Ley 20.444. El 19 de noviembre es aprobado por Mideplan, entidad encargada de validarlo como necesario. De ahí lo revisa Contraloría, luego lo envía a La Moneda para la firma del presidente, después nuevamente pasa por Contraloría a la toma de razón. El 22 de diciembre es publicado en el Diario Oficial y ahí recién el Estado puede recibir la donación efectiva. Posteriormente, el 14 de enero de este año, Hacienda instruye a la Dipres que transfiera los fondos a la Subdere, para que ésta transfiera los recursos a la municipalidad. Ese Decreto fue aprobado, nuevamente, por la Contraloría el 9 de marzo y el 11 de abril la Subdere entrega los fondos a la municipalidad de Vilcún”.
Aunque en Hacienda sostienen que este procedimiento no siempre ha demorado tanto, sí se hacen cargo de que se han “detectado ciertas insuficiencias en la aplicación (de la Ley) y además, surge la necesidad de acelerar ciertos procedimientos que permitan, por una parte, agilizar los trámites para donar y para recibir los beneficios tributarios y por otra, incentivar el aporte privado”. Es así como en materia de institucionalidad, agregan, y con la reforma en estudio, “las donaciones a proyectos previamente calificados por Hacienda y Mideplan, podrán ser entregadas a los beneficiarios de forma inmediata”.
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