Un total de doce acuerdos fue el que alcanzó un grupo transversal de senadores con el gobierno para destrabar la aprobación de la ley de Presupuestos 2019, tramitación que ayer, en la Cámara Alta, se extendió hasta pasadas las 2 de la madrugada de este jueves, y que ahora deberá ser vista por la Cámara Baja.
Entre ellos destacan disposiciones que contemplan un férreo control a Carabineros, institución que se ha visto duramente cuestionada por escándalos de corrupción y por su actuar en La Araucanía, tras la muerte del joven mapuche, Camilo Catrillanca.
El documento fue firmado por los senadores Jorge Pizarro (DC), José Miguel Insulza (PS), Adriana Muñoz (PPD), Ena von Baer (UDI) y Francisco Chauán (RN), además del director de la Dirección de Presupuesto (Dipres) y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
En concreto, establece un control a la institución que hoy dirige Hermes Soto, en que "deberá informar a más tardar el último día hábil de los meses de abril, agosto y diciembre, a la Comisión Mixta Especial de Presupuestos acerca del uso de los recursos contemplados en este programa".
Para ello, la información deberá ser desagregada distinguiendo entre los recursos empleados por la Dirección y Subdirección General, la Dirección Nacional de Personal, Dirección Nacional de Logística; Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e investigación Criminal y la Dirección Nacional de Orden y Seguridad; además de los desembolsos en infraestructura institucional y reposición de unidades policiales.
En términos de formación policial, en tanto, se establece una indicación vía glosa que "obliga a Carabineros en la capacitación de sus funcionarios en temáticas Multiculturales, el cual deberá estar contenido en un Plan de Capacitación el cual deberá estar elaborado a más tardar al término del primer trimestre".
Gratuidad y derecho a huelga
En otra de las áreas donde se establecen medidas especiales fue en educación, donde los aportes estatales a las universidades con gratuidad verán incrementos, específicamente en los flujos que son anticipados a las instituciones, hoy establecidos en 40%. Con el acuerdo, dicho anticipo crecerá a un 50%, fijando una fecha tope para la dictación de eventuales modificaciones a dicho reglamento.
Además, acordó estudiar el problema que se genera para algunas entidades que puedan ver una merma en sus recursos por aquellos estudiantes que pierden el derecho a gratuidad, por exceder la duración formal de sus programas de estudios, quienes pagan el 50% del arancel.
Para ello, se realizará una mesa técnica entre los ministerios de Educación, Hacienda y las instituciones de educación superior, para que presenten propuestas al Ejecutivo, las que se deberán presentar antes del 31 de mayo.
Sin embargo, en materia de gratuidad hubo un sorpresivo acuerdo. Se trata de una disposición especial que para que los aportes por esta política educativa no obstaculicen el derecho a huelga de los trabajadores de cada plantel universitario. Esto, en atención al artículo 304 del Código del Trabajo que elimina el derecho de los trabajadores a paralizar sus funciones en aquellas entidades cuyo presupuesto supere en un 50% el financiamiento estatal.
Así, se estableció que los recursos transferidos por este concepto a las universidades "no serán computados para los efectos de la aplicación del inciso tercero del artículo 304 del Código del Trabajo".
Revisa el Protocolo de Acuerdo AQUÍ
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