El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, informó que el Presidente Gabriel Boric utilizó su facultad para formular observaciones (veto) al proyecto de ley que norma la realización de las elecciones de octubre próximo en dos días, con el fin de volver a establecer la calidad de voto obligatorio ligado a una multa máxima de $ 33 mil para quienes no sufraguen, sean chilenos o extranjeros.
El veto que repone la multa a todos los electores por no concurrir a sufragar es de 0,5 UTM. En el proyecto original, la sanción monetaria era de hasta $ 200 mil, lo que generó el rechazo de parlamentarios oficialistas.
La iniciativa que impulsa el Ejecutivo busca restituir el feriado irrenunciable para el domingo en que ocurra la elección. Asimismo, el veto añade al proyecto la rebaja del reembolso fiscal para candidatos y partidos políticos, insistiendo en la disminución propuesta por el Ejecutivo. También se añaden mejoras en la regulación de la propaganda electoral en redes sociales.
Sobre este último punto, Elizalde señaló que la propaganda debe ser "consagrando el principio que existe, por ejemplo, respecto de las radios, que es básicamente que al contratarse el servicio, los precios que se ofrecen sean los mismos para todos los candidatos y que sea transparente obviamente la contratación de esos servicios”.
Elizalde explicó que el veto contiene siete numerales. Un veto sustitutivo, tres supresivos y tres aditivos. En el sustitutivo se reemplaza el texto vigente por uno distinto. En los supresivos se elimina un texto aprobado por el Congreso. Y en los aditivos se agrega para regular materias que no fueron comprendidas dentro del proyecto de ley aprobado por el Congreso", añadió.
Sostuvo que existen normas que ya fueron aprobadas en la tramitación de este proyecto, como por ejemplo el voto con lápiz pasta azul, el uso de dos cámaras secretas por mesa y el fin de la ley seca.
Cabe señalar que la tramitación legislativa de la norma que fija en dos días las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales de octubre de 2024 fue compleja y hubo parlamentarios que votaron en contra de algunos aspectos, lo que generó finalmente que fuera rechazado el informe de la comisión mixta que había sido constituida para resolver las diferencias entre las cámaras, obligando al Ejecutivo a hacer uso de su facultad de veto.
La tramitación de este proyecto también estaba incidiendo negativamente en la discusión del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el que finalmente se resolvió con la aprobación de la idea de legislar en la comisión de Hacienda del Senado.
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