La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamentó y expresó hoy su preocupación por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, quien recibió un disparo durante un operativo policial.
"De acuerdo con la información recibida por la Oficina Regional, los hechos tuvieron lugar en el marco de una operación llevada a cabo por personal de fuerzas especiales de Carabineros de Chile", aseveró la ONU mediante un comunicado.
También hizo ver que durante la operación fue detenido ilegalmente un menor de edad, quien fue víctima de lesiones "que podrían constituir tortura", enfatizó.
Catrillanca, de 24 años, murió el pasado 14 de noviembre mientras conducía un tractor en la comunidad de Temucuicui, en la sureña región de La Araucanía, donde fuerzas de carabineros se enfrentaban a tiros con unos ladrones de automóviles a los que perseguían.
Hasta ahora, Carabineros había negado tener imágenes del incidente, argumentando que por la premura de la acción, los carabineros no habían alcanzado a instalar las cámaras que habitualmente llevan en sus cascos, sin embargo este domingo el gobierno reconoció que un policía había destruido las imágenes.
El comunicado de ACNUDH "confía en que el Ministerio Público realizará una investigación exhaustiva, rigurosa y eficaz que permita establecer las circunstancias de los hechos, así como la plena identificación de los responsables y las sanciones correspondientes".
También insta a evaluar oportunamente la reparación integral del daño causado y las debidas garantías de no repetición.
El organismo internacional advirtió que continuará dando seguimiento a este caso y realizando gestiones en el marco de su mandato, a nivel nacional e internacional.
La institución informó que el jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía, general Mauro Victoriano Krebs, y el prefecto de Fuerzas Especiales, coronel Iván Contreras, presentaron sus renuncias por responsabilidad de mando, la cual fue acogida.
Asimismo Carabineros estudia la situación de cuatro funcionarios que pertenecen al Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), quienes participaron en el procedimiento y que no entregaron la información.
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