A raíz del debate por la redacción de las indicaciones, uno de los temas que más preocupa a los senadores de la Nueva Mayoría que integran la comisión de Hacienda, son los mecanismos que se establecerán para cerrar los focos de elusión.
La inquietud apunta a los comportamientos que el nuevo sistema semi integrado -que mantuvo un tratamiento tributario diferenciado para las utilidades reinvertidas y retiradas-, podría heredar del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) -que se eliminará a contar de 2018-, en lo relacionado a la posibilidad de diferir el pago del impuesto global complementario.
El acuerdo sólo acota que se deben eliminar las “características que han permitido que las utilidades no retiradas posterguen indefinidamente el pago final de impuestos en el global complementario o adicional”.
En Hacienda puntualizaron que trabajan en mecanismos para terminar con los retiros en exceso y otros instrumentos, mientras los parlamentarios plantearon dotar con atribuciones más intrusivas al Servicio de Impuestos Internos (SII) para fiscalizar a contribuyentes, prohibir que se reinvierta en sociedades de inversión o reinvertir fuera de Chile con dinero de las franquicias tributarias y regular las sociedades entre parientes y empresas relacionadas. También el senador Eugenio Tuma puso sobre la mesa la idea de revisar el tratamiento del FUT histórico, gravándolo con una tasa entre 7,5% y 10% para incentivar el retiro de esas utilidades.
El debate sobre el cierre de forados es visto con cautela en el empresariado, ya que podría alterar el espíritu del pacto firmado hace dos semanas en el Senado.
Ayer, tras el tradicional comité ejecutivo que reúne a los presidentes de las seis ramas que componen la multigremial, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, si bien compartió la necesidad de evitar que los vacíos se mantengan, “entendemos que el espíritu del acuerdo es que hay que posibilitar que las empresas puedan reinvertir y eso no tiene relación con que puedan eludir”.
Enfatizó que “para todo lo lícito, para todo lo que es reinversión productiva que hacen normalmente las empresas, deben existir los mecanismos para permitir que esta efectivamente se lleve a cabo. Aquí se ha intentado mezclar que puede haber reinversión que persiga otra finalidad”.
Santa Cruz descartó que el nuevo sistema integrado parcial mantenga incentivos para diferir indefinidamente el pago de tributos. “Lo que entiendo del protocolo es que si uno no retira, no paga y ese me parece que es un incentivo a la reinversión que hay que mantener. Esto es distinto al FUT porque uno acumulaba las utilidades y aquí ahora no se va a acumular nada, se va a pagar lo que retiró con la tasa del año. Y si uno no retira, no paga personalmente, pero la empresa ya desembolsó una tasa del 27%, es decir, acá ha habido un aumento en la carga tributaria gigantesco”.
El presidente de la multigremial se mostró proclive de mantener el FUT histórico, sin variaciones. “El acuerdo consiste en mantener sin alteración el FUT histórico y eso me parece bien. El espíritu es mantenerlo sin variaciones”, indicó. A la vez, confía en que la reforma recaudará US$ 8.200 millones en régimen.
Renta presunta
Otra de las ventanas de elusión que, según los expertos, abriría el protocolo, es el alza de los montos para acogerse a la renta presunta.
Patricio Crespo, de la Sociedad Nacional de Agricultura, desestimó dicho planteamiento. “La academia puede decir muchas cosas, pero no conversa con la dura realidad. Aquí no hay ánimo de encubrir ni de tapar las cosas, lo importante es asumir que hay una realidad más fuerte que el voluntarismo de algunos”, dijo.
El dirigente reiteró la idea de entregar estímulos para que las PYME agrícolas puedan migrar a contabilidad simplificada para obtener mejor acceso a créditos.
La CPC analizó ayer también los titulares de la reforma laboral que se presentará en octubre. Santa Cruz se mostró abierto al diálogo, pero advirtió que la “titularidad (sindical) y el reemplazo en huelga, no nos parece conveniente abordarlos hoy”.
EMPRESARIADO SE TRASLADA A REGIONES
Para mediados de agosto está contemplado que el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se traslade a la Región de la Araucanía, para analizar in situ los desafíos que enfrenta el sector productivo de la zona, en medio del conflicto mapuche. "Todos los años vamos para allá y este año tenemos pendiente la visita y estamos viendo la mejor oportunidad para viajar. La idea es realizar un comité ejecutivo allá, reunirnos con la multigremial de la zona y queremos hablar con el intendente (Francisco Huenchumilla) para tomar el pulso de la situación y colaborar al encausamiento del conflicto mapuche", dijo una fuente vinculada al gremio empresarial. Ya en abril del año pasado la CPC visitó la Novena Región, tras el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay. La misma fuente adelantó que posterior al viaje a la Araucanía el empresariado visitará también la Región de Antofagasta. "Estamos invitados a visitar algunas minas, estamos preocupados por lo que está pasando con las inversiones en minería en esa zona, este sector ya dejó de ser la primera actividad en materia de inversión extranjera, en este comportamiento hay temas asociados a la derogación del Decreto Ley 600", que contempla la reforma tributaria. El comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio está compuesto por los presidentes de la Sofofa, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Sociedad Nacional de la Minería (Sonami) y la Asociación de Bancos (ABIF).
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