Con la mirada puesta en el análisis de las políticas públicas y sus impactos, ayer se desarrolló la XII versión del Encuentro Nacional del Agro (Enagro), poniendo como tema principal del encuentro la reforma al Código de Aguas. El líder de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, lanzó de entrada en su discurso que “algunos políticos discuten, en materia de aguas, modificaciones a la Constitución y al Código, propiciando reformas que pretenden desconocer el derecho de propiedad sobre los derechos de agua existentes, encubriendo una expropiación sin pago de indemnizaciones dañando la confianza y la certeza jurídica que se requieren para efectuar inversiones económicamente sustentables en el tiempo”.
La semana pasada, en el marco de su exposición ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que discute el texto, el dirigente hizo una clara advertencia: “Si el proyecto se aprueba, el Estado deberá desembolsar alrededor de US$ 27 mil millones por conceptos de indemnizaciones a agricultores y gestión del recurso”.
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, fue uno de los personeros de gobierno que salió a explicar que el proyecto de ley en discusión busca facilitar y perfeccionar el buen funcionamiento del mercado del agua, descartando que la iniciativa apunte a realizar expropiaciones. “Se están haciendo las modificaciones al Código de Aguas que faciliten un buen funcionamiento del mercado del agua. Obviamente en Chile las expropiaciones se pagan y, como pueden ver en el proyecto de ley, no hay ningún peso para expropiaciones”, dijo Micco al ser consultado por los dichos del dirigente.
Sin embargo, fue el director General de Aguas, Carlos Estévez, quien se encargó de responder directamente a Crespo. En una carta enviada ayer a este medio, la autoridad califica como expresiones “graves e irresponsables” los dichos del timonel de la SNA. “Pretende hacer creer, que establecer un plazo de 30 años de duración a los nuevos derechos de aprovechamiento, es decir, aquellos que se constituyan a partir de la entrada en vigor de la reforma, significa una expropiación que debe ser indemnizada. Esa afirmación es falsa”.
Agregó que la propuesta de crear concesiones temporales de 30 años (renovables si hay uso efectivo de las aguas) será a partir de la publicación de la ley, no pudiendo afectar a los derechos ya constituidos. “No ‘priva’ a ninguna persona de la titularidad de un bien o un derecho, ergo, no procede indemnización alguna”, asegura.
En la misiva se explica que los atributos del dominio son el derecho a usar, gozar y disponer del derecho de aprovechamiento de aguas y que el artículo 1° transitorio de la iniciativa en cuestión señala que “los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley”.
Es decir, los montos a indemnizar por concepto de expropiación de derechos de aprovechamiento, adecuación en la distribución de derechos, gestión en la distribución y red de servidumbres privadas, son “pura ficción”.
La autoridad finalizó el escrito asegurando que “no puedo sino partir de la base de que el presidente de la SNA conoce el articulado del proyecto y, en consecuencia, me preocupa concluir que todas estas cifras y afirmaciones no sean sino expresiones que sólo dañan a la democracia”.
Moreno: "Las malas políticas públicas tienen consecuencias"
"El desarrollo no es una casualidad. El desarrollo es el fruto de buenas políticas públicas". Esa fue una de las primeras premisas que expuso ayer en la Enagro el ex ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, quien identificó los indicadores que han puesto a Chile en lugares destacados. Sin embargo, aseguró tajante: "Digamos las cosas como son: en el último tiempo no hemos estado haciendo bien las cosas. Las malas políticas públicas tienen consecuencias, así como las buenas, las malas también". En esa línea, recordó La Araucanía, la evasión en el Transantiago y el no pago de cotizaciones previsionales (o cotización por salario mínimo). "Ningún político hasta ahora ha tenido la valentía de crear la norma que hace que los independientes tengan que cotizar y, por lo tanto, hoy no tienen jubilaciones", afirmó, agregando que esos comportamientos deben ser erradicados.
Moreno afirmó que el país debe volver a la serenidad y valorar la opinión del otro, poner el crecimiento como prioridad y no seguir haciendo "puentes mal hechos, Transantiagos y reformas deficientes". Mirando las reformas, dijo que todo indica que la laboral tendrá más conflictividad.
A su turno, el director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, hizo un "diagnóstico" del gobierno y abordó el proceso de modernización de Chile y las inseguridades que trae consigo. Eso sí, recalcó que "ninguna de las coaliciones políticas ha entendido bien el proceso de modernización".
Beyer concluyó que el proyecto actual de la Nueva Mayoría es difícil que pueda levantarse a partir de las mismas premisas con las que se construyó. "La suerte de la próxima elección se resolverá con la capacidad de las dos coaliciones de entregar más seguridad de las que hoy tienen los chilenos", dijo.
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