Cerca de 6 mil funcionarios se concentraron en el acceso norte de La Moneda, en la Plaza de la Constitución. La Mesa del Sector Público había convocado a un “banderazo” de repudio a la aprobación del reajuste de 3,2%. La protesta, que fue neutralizada por Carabineros, obligó a activar el protocolo de seguridad en el Palacio de gobierno, donde todos los accesos estuvieron cerrados por dos horas.
Previamente, en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los dirigentes de los 15 gremios que componen la mesa anunciaban el término de la paralización que comenzó el 26 de octubre y la normalización en la atención de todos los servicios públicos.
El despacho del proyecto aún era digerido por los trabajadores. “Esta victoria tiene un sabor a derrota para el gobierno, porque se logró adquiriendo compromisos con la derecha”, sostuvo la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. La molestia se personificaba en el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el acuerdo logrado con Chile Vamos para promover un comité “técnico y social” encargado de asesorar y proponer al Ejecutivo -en futuras negociaciones- un rango de reajuste, considerando variables como la inflación o la capacidad fiscal.
“Amenaza” para futuras negociaciones
Y aunque Valdés aseguró el miércoles que este grupo asesor “no es para sustituir la negociación con el sector público, sino que para ayudar”, la desconfianza ya estaba instalada. “La mesa y la CUT no vamos a permitir que este gobierno pretenda superar por la vía de una comisión técnica, el derecho legítimo a negociación que tenemos los trabajadores y trabajadoras”, afirmó Figueroa, quien advirtió al Ejecutivo: “Estamos en estado de alerta”.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, calificó como “una pésima idea” la de Valdés, porque “junto con no ser consultada con los funcionarios, el comité pretende inhibir la negociación colectiva”. El dirigente señaló que si “la nueva institucionalidad para el reajuste” efectivamente merma la capacidad negociadora de los gremios que componen la mesa, “los funcionarios lo denunciarán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Un asesor de Hacienda explicó que la idea es replicar la tarea desarrollada por la Comisión Asesora Salarial, grupo compuesto por académicos y expertos de los trabajadores y del empresariado, que elaboró un informe donde propuso al gobierno un aumento de 2,2% real durante los próximos años para el sueldo mínimo, sugerencia que finalmente no fue considerada por el gobierno, que propuso al Parlamento un incremento de 1% real.
Fernando Carmona, experto de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) de la CUT que integró la comisión salarial, sostuvo que el incremento del sueldo base y el reajuste del sector público son debates completamente distintos. “El sueldo mínimo está relacionado con estándares OIT que consideran ese ingreso como un instrumento para la superación de la pobreza. Los sueldos de la administración pública, en cambio, dicen relación con las brechas salariales, además de elementos de empleo y productividad”, expuso el economista, que cree que es “una buena idea” ponderar índices de productividad e inflación en el reajuste, pero que “se debe respetar el principio de libertad sindical y dejar que las partes, trabajadores y el Estado, negocien”.
Agenda pendiente
La manifestación frente a La Moneda fue quizá la fotografía más representativa de la relación que tuvieron la Mesa del Sector Público y el gobierno, durante el debate del reajuste este año. Ambas partes deberán superar sus diferencias y sentarse nuevamente a conversar elementos que siguen pendientes, como la negociación y huelga para los funcionarios estatales y municipales, el traspaso de empleados de honorarios a la contrata y las diferencias de rangos en la administración pública.
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