Ayer se cumplió un mes desde la promulgación de la reforma laboral, y aunque el fin del debate calmó los ánimos, el Congreso reactivó una serie de proyectos de ley del mundo del trabajo. Según advierte un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), estas iniciativas legales en términos generales “incrementan aún más los costos de la contratación y la desvinculación de trabajadores“ y generan “incertidumbre jurídica” respecto a su sentido y alcance.
El think tank asegura que al menos cuatro mociones parlamentarias hoy en tabla son “nuevas trabas a la generación de empleos y un encarecimiento en los costos de la contratación”.
El estudio analiza el proyecto que establece una cuota mínima de personas en situación de discapacidad en las empresas y en la administración pública, y que fue objeto recientemente de una indicación sustitutiva del Ejecutivo. El texto, en segundo trámite constitucional en el Senado, plantea que las grandes empresas deberán contratar o mantener al menos un 1% de personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.
Según LyD, la idea de fijar cuotas en materia de contratación sin considerar mecanismos de incentivos traspasa el costo de la inserción laboral al privado, sin que el Ejecutivo se haga cargo de generar programas de capacitación, incentivos tributarios o subsidios al empleo para insertar a estas personas.
La segunda iniciativa analizada -también en segundo trámite constitucional en el Senado- es la que busca regular el contrato por obra y faena. El centro de estudios dice que “lo más conflictivo es la norma de indemnización mensual que provoca grandes distorsiones en el ya obsoleto régimen indemnizatorio por término de la relación laboral en relación con el régimen de contrato a plazo e indefinido”. Agrega que genera “espacios confusos” en que no se aclara si la indemnización es privativa de la causal de término de la obra o faena o es aplicable a todo evento. “Este tipo de normas sólo implican encarecimiento en la contratación y aumento en los costos en áreas como construcción y agricultura”.
Mientras, en la Cámara, la atención se posó en el proyecto que propone nuevas obligaciones al empleador en materia de seguridad laboral, como informar ante riesgos graves e inminentes y adoptar medidas en esa línea. Asimismo, se faculta a los trabajadores para suspender labores y abandonar el lugar de trabajo si consideran que continuar sus tareas implica riesgo para sus vidas o salud.
En el informe se declara que la iniciativa intenta regular situaciones ya resueltas en la legislación vigente. “Las normas sobre las que se está legislando generan una serie de inconvenientes en la dirección de una empresa, en lo que respecta al tipo de medidas y la incertidumbre en la procedencia del abandono del trabajo por razones de peligro para su vida o salud, o la paralización de faenas, por cuanto dependerá estrictamente del criterio que imponga la Dirección del Trabajo”, se explica.
También en la Cámara, el estudio saca al pizarrón el proyecto que pretende extender la indemnización por años de servicio en caso de muerte del trabajador. Se indica que va en el sentido inverso a las legislaciones modernas y que los supuestos de muerte están cubiertos por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Por esto, en lo que se refiera a muertes por razones distintas, como la natural o provocada fuera del ámbito laboral, “implicaría imponer la obligación de indemnizar al empleador sin que medie culpa o dolo de su parte y sin que éste pueda ejercer su legítimo derecho a defensa o tomar alguna medida para evitar su ocurrencia”.
Empeoran expectativas sobre situación del empleo
Se mantienen las malas expectativas en materia laboral según la Encuesta de Percepción del Desempleo de Libertad y Desarrollo correspondiente a septiembre de 2016.
De hecho, sólo un 17% de los encuestados espera que la situación general de empleo mejore en los próximos tres meses y un 38% espera que empeore en el mismo lapso.
Al proyectar a un año el plazo para la pregunta anterior se presenta un escenario que se deteriora aún más: un 37% estima que la situación de empleo empeorará (frente al 26% de septiembre de 2015 y 31% de la medición anterior) y un 23% que mejorará (23% en septiembre de 2015 y 21% en junio de 2016).
Al mismo tiempo, el nivel alto o muy alto de temor a perder el empleo sigue en su peak, ubicándose en 49%.
Otra consulta muestra sobre el plazo en que cree que el familiar desempleado tendrá oportunidad de encontrar trabajo, un 41% prevé que lo hará en tres meses (44% en septiembre de 2015). Quienes contemplan doce meses llegan a 24%, once puntos porcentuales menos que en septiembre de 2015 (35%).
El porcentaje de familias que tienen al menos a uno de sus miembros sin trabajo se mantiene prácticamente inalterado respecto a las mediciones de diciembre, marzo y junio, por encima de lo registrado un año atrás. Además, en casi un tercio de los hogares que responden afirmativamente a esta pregunta, el encuestado señala que hay dos o más personas desempleadas.
La percepción del actuar del gobierno frente a la disminución del desempleo persiste en su registro más bajo: sólo un 25% considera que ha hecho lo necesario, al igual que en la encuesta de junio pasado, mientras que un 68% no lo piensa así.
En este caso, se trató de encuestas telefónicas a 976 personas mayores de 18 años correspondientes a las principales ciudades del país, las que representan al 71% de la población adulta.
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