A toda costa Manuel Cruzat quiere evitar la formalización por quiebra fraudulenta de Curauma que se iba a realizar el próximo 3 de noviembre en el Cuarto Juzgado de Garantía tal como lo había pedido el fiscal a cargo del caso, Carlos Gajardo, de la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente.
Ayer, el empresario ingresó hasta el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento que busca frenar que se lleve a cabo la diligencia, al cual se le unió uno de los ejecutivos del proyecto inmobiliario, Antonio Espinoza.
En resumen, la defensa señala que la formalización tiene efectos inconstitucionales, ya que aplica delitos cuya culpabilidad se presume, por lo que se obliga al imputado a probar su inocencia y se hace imposible la subsunción en las nuevas figuras penales para efectos de aplicar la penas beneficiosas al imputado.
“Además, discrimina arbitrariamente a mi representado en relación con sujetos sometidos a procesos de insolvencia por los mismos hechos, pero cometidos por posterioridad a la vigencia de la ley 20.720”, dice el texto de Espinoza que es firmado por su abogado Jorge Torres.
Gajardo tomó la investigación del caso a mediados del 2014 cuando en ese entonces el síndico de Curauma, César Millán interpuso una denuncia en contra de Cruzat por quiebra fraudulenta a las que posteriormente se unió Administraciones y Proyectos EuroAmerica.
El proceso de insolvencia no ha estado exento de problemas, ya que si bien comenzó en 2013, el remate de los activos no ha tenido los resultados esperados, ya que en algunos casos se han declarado desiertos y, en otros, no se ha logrado recaudar lo esperado, sin considerar las dificultades judiciales que se han tenido que enfrentar en los procesos abiertos.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
