En el último tiempo, cada vez son más las empresas que han incorporado canales de denuncia a su funcionamiento interno bajo la lógica de detectar oportunamente malas prácticas, transgresiones o ilícitos al interior de las firmas.
La Fundación Generación Empresarial es una de las entidades que ofrece este tipo de herramientas a las compañías, en específico una plataforma a través de la cual -aseguran- los colaboradores, socios, proveedores, clientes, entre otros stakeholders de una organización, puedan reportar en forma confidencial y segura, posibles hechos de corrupción, fraude o cualquier otra irregularidad.
Según datos de la entidad, en 2019 hubo 4.000 ingresos al sistema de denuncias y consultas, provenientes de 90 empresas. Aquello implica un alza de 34% frente al número de 2018.
Del total recibido a través de los canales, las más usuales fueron las referidas a los abusos, acoso o discriminación, con un 32% del total. Le siguen las que tienen relación con las condiciones, conflictos y relaciones laborales con un 15%; el robo, fraude o mal uso de recursos con un 11%; la relación con los stakeholders con un 7%; los delitos asociados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley 20.393) con un 6%; los conflictos de interés, regalos u hospitalidad con un 5%; la protección de la confidencialidad y la información, con un 3%, y finalmente denuncias asociadas a infracciones a la libre competencia con un 1%.
¿Qué viene después?
Según explicaron en Generación Empresarial, una vez presentada la denuncia -bajo estricto anonimato- el desenlace del caso es variado.
De acuerdo a los datos, el 41% de los casos son resueltos, un 35% de las denuncias son cerradas (varias por no contar con los antecedentes necesarios), un 2% son referidas a otras instancias, un 2% son decretadas como no admisibles y un 20% sigue en proceso de investigación o en espera de mayores antecedentes.
Entre los casos que fueron resueltos, el 35% de ellas finalmente fue rechazado, un 34% terminó con medidas o sanciones y un 30% con otro tipo de solución que no implicó medidas ni sanciones.
A través de un informe, Generación Empresarial precisó que del total de las denuncias zanjadas, el promedio de demora entre su ingreso y su resolución final es de 49 días.
El plazo varía considerablemente dependiendo del tema, siendo mayor para los conflictos de interés, regalos u hospitalidad (62 días); abuso, acoso o discriminación (58 días); condiciones, conflictos y relaciones laborales (55 días) y protección de confidencialidad e información (50 días).
En el otro extremo, las resoluciones más rápidas en promedio son las que abordan la relación con stakeholders (25 días), delitos ligados a la responsabilidad penal de personas jurídicas (34 días), robo, fraude o mal uso de recursos (43 días) e infracciones a la libre competencia (48 días).
“Tras la experiencia ganada con las líneas de denuncia, el siguiente paso para nuestra fundación es colaborar con las empresas en las declaraciones de conflictos de interés, entre otros”, comentó Fernanda Hurtado, gerenta general de la fundación.
“Tenemos un gran desafío para que la existencia de este tipo de canales, junto con la expectativa de que sean utilizados activamente, se conozcan en todos los niveles de la organización. Esto tiene relación con un trabajo de comunicación, pero también de poner efectivamente el tono desde la cima en cada compañía. Es responsabilidad de los gobiernos corporativos el disminuir estas brechas”, agregó la ejecutiva.
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