un 76% de los encuestrados percibe que los directivos y líderes de su organización actúan conforme a los valores.
Las acciones que han estado realizando distintas entidades en el último tiempo para posicionar la probidad y la ética como pilares centrales parece que está mostrando positivos resultados. Así, al menos, lo reflejó la última versión del Barómetro de Valores e Integridad Organizacional 2024 elaborado por la Fundación Generación Empresarial (FGE) y que busca identificar cómo se entiende y comunica este tipo de temática, además de medir el conocimiento de herramientas de prevención de conductas indeseadas y la presencia de conflictos éticos.
Precisamente, el estudio que en esta ocasión contó con la participación de 158 organizaciones (que emplean a 45.570 personas) constató avances especialmente en el ámbito del liderazgo y el compromiso institucional.
De hecho, un 76% de los encuestados estima que los directivos y líderes de su organización actúan conforme a los valores, lo que implica un 6% más desde 2018.
Para Consuelo Correa, líder en Inteligencia de Datos de FGE, el crecimiento proviene de aquellos dependientes que anteriormente indicaban no conocer a los líderes.
4% de quienes fueron testigos de algún hecho cuestionable presentaron una denuncia.
Ello, sostuvo, “refleja un hallazgo clave: la visibilidad del liderazgo genera confianza. Es decir, no se trata únicamente de actuar conforme a los valores corporativos, sino también de hacerlo visible. La cercanía y exposición de los líderes, por tanto, juega un rol fundamental en fortalecer la percepción de integridad y coherencia organizacional”, dijo.
Respecto a la visibilidad de malas prácticas, el sondeo evidenció que en el listado de situaciones más observadas por los dependientes entrevistados destacó la atribución de méritos ajenos (20%), seguida del abuso de poder (17%) y de licencias médicas, con más de un 16% de los trabajadores indicando haber sido testigos de estas conductas.
Por el contrario, el acoso sexual y la colusión o concertación con la competencia fueron los hechos menos vistos, con apenas un 2,5% de situaciones observadas.
Adicionalmente, los datos evidencian que existe un alto porcentaje de trabajadores (78%) que señaló no haber presenciado incumplimiento o transgresión alguna. Esto indica un nivel positivo en la percepción general de la integridad organizacional.
Sin embargo, para Correa, es preocupante que un 19% de los encuestados señalara no saber si han observado alguna transgresión, ya que esto “podría reflejar una falta de conocimiento sobre los límites de lo que constituye una mala práctica o una transgresión ética, y de cuándo se debe denunciar”, explicó.
El siguiente paso: la denuncia
En cuanto a aquellos que sí reportaron haber sido testigos de transgresiones (que fue un 4% de la muestra, es decir, 1.539 dependientes), solo el 47% de este grupo indicó que presentó una denuncia (723 trabajadores).
Para Correa si bien la cifra es significativa, explica que “se esperaría que fuera más alta, ya que la baja proporción de denuncias podría reflejar barreras en el sistema de reportabilidad”.
Para ella, además, la información sobre las consecuencias de estas denuncias es preocupante: ya que solo el 28% de los casos se tradujo en una investigación activa, mientras que el 51% de los denunciantes no recibieron información adicional sobre el proceso.
En esa línea, un 14% (101 casos) incluso sufrió represalias tras la denuncia.
Para la líder en Inteligencia de Datos de FGE, esto “resalta la necesidad urgente de mejorar la seguridad y la confidencialidad de los sistemas de reportabilidad”.
Por otro lado, el 53% que no denunció las malas prácticas observadas (816 dependientes) argumentó sentir temor a represalias. “Estos datos sugieren que, aunque existe una mayor conciencia sobre las malas prácticas, persisten barreras importantes que impiden que los colaboradores se sientan seguros y motivados a denunciar”, dijo Correa.
Para la presidenta de FGE, Janet Awad, el mayor desafío del país en este ámbito es instalar una cultura de integridad en todos los niveles, que incluya organizaciones del Estado, municipios, ONG y fundaciones, empresas privadas, organizaciones sociales y centros de formación académica.
En esa línea, afirmó que este cambio debe ser conducido desde los niveles más altos de las organizaciones (gobierno corporativo) y el Estado (autoridades), acompañado de una comunicación eficaz “sobre las implicancias éticas del comportamiento en todos los estamentos, capacitando de forma permanente y priorizando una educación que incluya la integridad en los currículums educativos. Todo ello junto con una gobernanza robusta, incentivos correctos y penas en concordancia con las faltas cometidas”.
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