El proyecto de ley del Ejecutivo, que busca avanzar en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a través de la ampliación del derecho a teletrabajo, sigue acumulando avances en su tramitación legislativa.
Ayer, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó, de forma unánime, la propuesta que concilia la vida personal, familiar y laboral. La iniciativa fue despachada desde el Senado el pasado 14 de noviembre y ahora, tras ser ratificada por la comisión de Trabajo de la Cámara, pasará a la Sala de la Corporación, el último trámite para que pueda convertirse en ley.
En líneas generales, el proyecto establece el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo, de modo que las o los trabajadores puedan efectuar todo o parte de su jornada diaria o semanal en esas modalidades en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita.
Quienes podrán acceder, de aprobarse la iniciativa, serán las o los trabajadores que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años, o que tenga a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida. Debe tratarse de labores de cuidados no remuneradas.
La iniciativa además establece el derecho al uso preferente del feriado legal. O sea, que las y los trabajadores que tengan a su cuidado a un niño o niña menor de 14 años o un adolescente menor de 18 años con una discapacidad, tendrán derecho a solicitar el feriado legal durante el periodo de vacaciones establecido por el Ministerio de Educación, debiendo analizar su solicitud en forma preferente a aquellas personas sin estas responsabilidades.
En esa línea, la propuesta legislativa también reconoce el derecho a solicitar ajustes de sistema de turnos. Esto implica que las y los trabajadores antes mencionados tienen el derecho, durante el período de vacaciones definido por el Ministerio de Educación y cuando la naturaleza de las funciones lo permita, a solicitar que se modifiquen transitoriamente turnos o la distribución de la jornada diaria y semanal para conciliar el trabajo con las necesidades de cuidado durante dichos periodos.
Las conversaciones
Para sacar adelante el proyecto, tanto la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, como el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, han desplegado una serie de conversaciones con las organizaciones sociales y el Congreso para conseguir el apoyo a la iniciativa. Con todo, aún queda la votación de la Sala de la Cámara de Diputados para que el proyecto pueda convertirse en ley.
“La mayor empleabilidad y participación laboral de las mujeres es uno de los desafíos más trascendentes en el mundo del trabajo, dada la cultura que impera en nuestro país, ya que las tareas de cuidado recaen principalmente en nosotras, por lo que es necesario que iniciativas como esta se legislen. En ese sentido, tanto la facultad del empleador, como el derecho que le asiste a la persona cuidadora, quedan bien resguardados en esta ley”, destacó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
Una opinión en la misma línea dio Boccardo, quien agregó que la iniciativa apuesta a “entregar mayores herramientas de conciliación a las familias chilenas. Ya lo hicimos en la Ley 40 Horas en las bandas horarias que brindan mayores posibilidades de conciliar la vida personal, laboral y personal, y hoy día seguimos trabajando para que madres y padres de niños menores de 14 años o personas que tengan responsabilidades de cuidado, puedan ajustar sus vacaciones, sus sistemas de turnos y también acceder a las jornadas híbridas”.
Ley Karin
Por otro lado, ayer la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, más conocida como Ley Karin, por lo que avanzó a su tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputados.
El Ejecutivo patrocinó la iniciativa surgida de la moción parlamentaria de la diputada Erika Olivera y presentó indicaciones a la misma, ampliando su alcance con diversas medidas para la erradicación del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, tanto en el sector privado como en el público.
La propuesta, en líneas generales, establece como obligación de las empresas y de los órganos del Estado contar con un protocolo de prevención del acoso laboral y/o sexual y la violencia en el trabajo, reforzando un enfoque preventivo que estaba ausente en la regulación. Además, se avanzó en el perfeccionamiento de los procesos de investigación del acoso sexual y se incorporaron a la regulación las conductas de acoso laboral y la violencia en el trabajo.
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