Diputados de RN anunciaron que rechazarán el Presupuesto del sector público del año 2026 si no se observa un aumento real de entre 10% a 20% en la partida de la Contraloría.
En medio del avance de los sumarios vinculados al eventual mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, impartió una serie de instrucciones para determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas en cada uno de los casos detectados en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) que detectó a 25 mil funcionarios públicos que viajaron fuera del país durante su licencia médica.
El instructivo de siete puntos de la Contraloría señala que corresponde a la autoridad determinar si instruye uno o más procedimientos disciplinarios, considerando la cantidad de casos respecto de los cuales haya de efectuar indagaciones sea individualmente o en forma agregada respecto de determinados grupos de involucrados, conforme su grado, jerarquía u otros aspectos.
Respecto de la designación de un fiscal, señala que este no debe tener una relación de dependencia o subordinación con el servidor investigado y, por otra, que goce de un grado o jerarquía similar o mayor que el de éste.
El fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar colaboración que se les solicite. En cuanto a la investigación, el fiscal podrá valerse de todos los medios de prueba. Sin embargo, con el objeto de acreditar los hechos de que da cuenta el CIC N°9, deberá contar, en primer lugar, de la certificación oficial de la Policía de Investigaciones de Chile en relación con la fecha de entrada y salida del país correspondiente.
Se precisa que los sumarios deberán contar con un debido proceso, que, en el ámbito administrativo, implica un racional y justo procedimiento. Por ello, se debe velar continuamente por el derecho de defensa o de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa.
Están afectos a toma de razón los actos administrativos que dispongan sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias, en investigaciones sumarias y sumarios administrativos ordenados instruir por la Contraloría en los servicios sometidos a su fiscalización y que el inculpado podrá ejercer el derecho a reclamo ante la Contraloría.
Plataforma de supervisión
Como una manera de mejorar el registro, el monitoreo, la supervisión y la trazabilidad de los procedimientos disciplinarios ordenados instruir por la Contraloría a las municipalidades y servicios públicos, el organismo de control dio a conocer la plataforma informática Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD).
Este modelo de seguimiento considera la implementación de una política de complementariedad entre las acciones ejecutadas por la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría y las unidades de Auditoría Interna, Direcciones de Control y/o encargados de Control Interno de los organismos sujetos a la fiscalización por parte de la CGR.
Para su implementación, cada entidad deberá designar dos funcionarios como contrapartes titulares y sus respectivos subrogantes, quienes estarán a cargo de subir al sistema en formato PDF, los actos administrativos y toda documentación vinculada a cada proceso de seguimiento vigente que sea requerida durante la tramitación de cada acción derivada, para su posterior análisis por el personal de la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría.
La contralora asistió a la comisión de Salud de la Cámara de Diputados donde repasó las medidas adoptadas y explicó la exigencia del inicio de sumarios. “Dimos estas instrucciones debido a que había personas que estaban renunciando y la renuncia según el estatuto administrativo extingue la responsabilidad administrativa, salvo que el sumario se haya instruido con anterioridad”, dijo la autoridad.
Sobre el nuevo módulo para monitorear los sumarios, dijo que “hasta el viernes se habían reportado solo 82 sumarios en la administración (pública) a la Contraloría de los 25 mil casos”.
Pérez también sostuvo que a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y Fonasa se les debe entregar más atribuciones para fiscalizar licencias “para que puedan modernizar sus sistemas y no tengan que andar suscribiendo convenios con las instituciones para obtener esta data, si se les diera atribuciones directas para hacer estos cruces la podrían obtener rápidamente”.
RN anticipa rechazo a presupuesto
En tanto, un grupo de diputados de RN anunciaron que van a rechazar el presupuesto del sector público del año 2026 cuando sea tramitado en septiembre si no se observa un aumento real de entre un 10% a un 20% en la partida de la Contraloría.
También solicitan permitir, en casos calificados en los que se hubiere vulnerado gravemente la probidad administrativa, iniciar el sumario administrativo mientras el afectado se encuentre en sus funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo; y modificar diversos cuerpos legales para dotar a la Contraloría y a otras autonomías constitucionales fuera de su fiscalización de deberes y facultades para perseguir el ausentismo y el correcto uso de licencias médicas.
Comisión investigadora
En tanto, la tarde de este lunes la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora, encargada de reunir antecedentes relativos a determinados actos del Gobierno, en especial, del Ministerio de Salud, la Compin, Fonasa, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en relación con el deber de fiscalizar el correcto otorgamiento y uso de licencias médicas en el sector público, el cumplimiento del período de reposo y la realización de viajes al exterior durante su vigencia en contradicción con el reposo prescrito respecto de ellas.
La comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
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