El financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) no solo se ha tomado la discusión en el Congreso, donde el proyecto continúa tramitándose, sino también en la academia.
Muestra de ello es el debate que se realizó en el webinar "PGU: ¿Una buena política?", organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la U. Católica (Clapes UC), donde los tres expositores invitados mostraron su preocupación en torno al efecto fiscal de esta medida.
En primer lugar, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros en ESE Business School, Cecilia Cifuentes, comenzó exponiendo cuatro ideas: el aporte del Estado a pensiones es bajo y ha sido decreciente; el pilar solidario es una buena política pública; el pilar solidario está feminizado; y la sostenibilidad fiscal está en riesgo.
Sin embargo, reconoció también problemas en torno al pilar solidario, ya que en su visión hay un impuesto implícito a cotizar, genera informalidad y es muy complejo saber si se focaliza o no. Es por esto que Cifuentes reconoció los beneficios de la PGU: "Se resuelve el incentivo a la informalidad, incentiva al ahorro previsional y la prolongación de la vida laboral; hay una mejoría de las pensiones, en especial las de la clase media; y simplifica el pilar solidario".
A pesar de lo anterior, Cifuentes identificó lo que para ella es el principal problema de este proyecto: costo fiscal alto y creciente. "Por la demografía, se suma a un problema que tenemos en el país por los dos últimos años, por un voluntarismo en materias fiscales y de beneficios que puede generar muchos problemas de aquí en adelante", indicó.
Por su parte, el académico de la Escuela de Gobierno UC y exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, centró su presentación en torno a los efectos fiscales de la medida. "No se inició la conversación identificando el financiamiento o el destino de los impuestos, ni se identificaron las reasignaciones", comentó.
Para Valdés, el problema de este proyecto radica en que este se desarrolla en base a supuestos: un ajuste fiscal, del 22% de caída del gasto y se está suponiendo que los gastos comprometidos de 2022 en adelante van a bajar. "Estos son supuestos que solo me llevan a decir que esta estabilización es un mundo de Bilz y Pap", advirtió.
Además, el exministro de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet reconoció problemas adicionales. En primer lugar, aseguró que el programa del Presidente electo, Gabriel Boric, es agresivo en gasto, en un contexto de bajo crecimiento, y las proyecciones de gastos derivados de la eventual nueva Constitución, que implicará una mayor descentralización y las garantías de derechos sociales.
Finalmente, el profesor de Economía de la UC, Salvador Valdés, comenzó su intervención calificando la política como una extravagancia. Para él, el problema de este proyecto radica principalmente en su diseño. "Es regresivo entre generaciones y es muy caro. Son cerca de US$ 3.000 millones adicionales, 40% más caro que el presupuesto de Carabineros y PDI para el 2022", explicó Valdés. Así, advirtió que esta cifra seguirá aumentando con los años.
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