Un sutil llamado de atención realizó hace unos días la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al gobierno de Chile, por la delegación de trabajadores que representó al país en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó entre el 27 de mayo y el 11 de junio en Ginebra, Suiza.
La observación en cuestión la realizó la Comisión de Verificación de Poderes de la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual vela por el adecuado cumplimiento de uno de los principios fundacionales de la OIT: el tripartismo.
“La obligación primera y principal del gobierno es hacer todo lo posible por fomentar un acuerdo entre las organizaciones de trabajadores sobre la designación de la delegación”, dice el texto.
Hace un tiempo, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) presentó un reclamo ante la OIT por haber sido excluidos de la Conferencia, ya que el gobierno sólo consideró como representantes a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), por ser las organizaciones más grandes de sus respectivos sectores.
De acuerdo al acta de la comisión -publicada el 10 de junio-, la UNT habría expuesto que se constituyó como organización en 2004 y que cumplía todos los requisitos legales “y tenía el derecho de participar en los espacios donde las necesidades de los trabajadores y trabajadoras se encontraban en discusión”.
A solicitud de la comisión, la actual administración explicó que la delegación de los trabajadores estaba conforme a derecho. Así, según los antecedentes que se entregaron, la CUT es la mayor del país, con 414.303 afiliados; seguida por la CTC, con 28.886 afiliados; la CAT, con 26.823 afiliados, y la UNT, con 8.386 afiliados.
El contenido de la resolución
Si bien la comisión reconoció que las cifras demuestran la importancia numérica de la CUT, no justifican la ausencia de espacios de acuerdo para definir a los representantes de los trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo.
En esa línea, la instancia recordó que según la opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) de 1922, y la jurisprudencia posteriormente desarrollada, cuando en un país coexisten varias organizaciones más representativas, el Ejecutivo debe tomarlas todas en consideración a la hora de designar una delegación.
“La obligación primera y principal del gobierno es por tanto hacer todo lo posible por fomentar un acuerdo entre las organizaciones de trabajadores sobre la designación de la delegación de los trabajadores”, dice el texto.
En el acta, la comisión sostiene que se bien ni la UNT ni el gobierno cuestionan que la CUT siga siendo la organización más representativa, no se han facilitado los elementos suficientes a la comisión para permitirle concluir que la delegación se conformó tomando en consideración todas las organizaciones representativas y poniendo el mayor empeño en obtener un acuerdo entre las organizaciones interesadas.
“Por tanto, no se puede concluir que el Gobierno haya cumplido rigurosamente sus obligaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 3 de la Constitución de la OIT. La Comisión confía en que el Gobierno ponga todo su empeño para que el proceso de consulta encaminado a la designación de la delegación de los trabajadores en las futuras reuniones de la Conferencia se lleve a cabo tomando en consideración todas las organizaciones representativas de los trabajadores”, finaliza el texto.
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