Durante la reunión del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) de marzo en Lima, Perú, la presidenta pro tempore de Chile, Rosario Navarro, propuso priorizar la seguridad como un eje fundamental. Meses después, la instancia ya definió una serie de medidas para mitigar los efectos de la crisis de seguridad en la región.
Lo anterior, como destaca la también presidenta de la Sofofa, bajo la lógica de que soluciones que fortalezcan la confianza, reduzcan los riesgos y permitan a empresas y trabajadores operar en un entorno “más seguro y predecible”, son claves para el crecimiento económico.
A continuación, las principales propuestas.
1 Integración de criterios y coordinación penal
Se recomienda integrar criterios de inteligencia comunes entre los países de la Alianza para mejorar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Esto, dice el texto, debe incluir el intercambio de información sobre personas, modalidades de delitos y nuevas tendencias delictivas. Para ello, se propone crear un marco legal y tecnológico que garantice el flujo seguro y confidencial de información.
También se plantea que los países miembros fortalezcan la coordinación penal y aduanera entre sus autoridades. “Esto implica homologar enfoques en materia de seguridad, simplificar y alinear procedimientos aduaneros y generar una agenda común de políticas públicas contra el crimen organizado”.
2 Comunidades portuarias e IA
El grupo propone el desarrollo de comunidades portuarias integradas en cada país miembro, operando bajo una plataforma común que facilite el intercambio de información crítica entre autoridades, operadores y empresas. Esta estructura, explica el documento, permitiría mejorar la trazabilidad de las operaciones y la respuesta ante emergencias o amenazas. Aquí, un modelo de referencia es la Alianza por los Puertos de la Unión Europea.
Con relación al uso de inteligencia artificial, se sugiere implementar y/o intensificar su uso en la gestión de riesgos en las operaciones de comercio exterior. La IA puede ayudar a detectar patrones de comportamiento inusual, predecir amenazas y gestionar incidentes de manera más eficiente, optimizando el uso de los recursos disponibles.
3 Empresas vinculadas al crimen organizado
El grupo de trabajo también plantea avanzar en la creación de una lista regional que identifique a empresas involucradas en delitos relacionados con el crimen organizado y el comercio ilícito. Esta lista, precisa el texto, debe ser compartida y accesible para las autoridades aduaneras y de seguridad de los países miembros. El objetivo es bloquear el acceso de estas empresas a las operaciones comerciales y crear barreras legales que limiten sus actividades.
4 Infraestructura pública
“El sector privado debe desarrollar manuales de gestión de riesgos específicos para cada sector productivo, enfocándose en las vulnerabilidades y amenazas particulares que enfrenta cada industria”, dice el listado de acciones, el cual agrega que estos manuales deben ser de libre acceso para los operadores, quienes deben recibir capacitación para aplicar las mejores prácticas. “En este sentido, el Manual de Buenas Prácticas para el Transporte de Carga por Carretera elaborado por el sector empresarial chileno puede servir como un ejemplo para este trabajo”, ejemplifica el documento.
También se recomienda fomentar asociaciones público-privadas (APP) que permitan alinear prioridades y recursos para fortalecer la infraestructura de seguridad en puntos críticos, como puertos, centros logísticos y fronteras. “Estas asociaciones pueden ser una fuente de financiamiento para inversiones en infraestructura y tecnología”, precisa el texto.
5 Certificación y capacitación
Para el grupo liderado por Navarro el sector privado debe fomentar y promover la certificación de Operadores Económicos Autorizados (OEA), un programa que busca mejorar la seguridad y facilitar el comercio mediante la colaboración entre las empresas y las autoridades aduaneras. Los gobiernos, dice el listado de propuestas, deben proporcionar incentivos para que las empresas se certifiquen como OEA.
También se aconseja desarrollar una agenda de capacitación técnica tanto para los operadores logísticos y portuarios como para las autoridades competentes.
Las capacitaciones, establece el grupo, deben incluir temas de seguridad, tecnología, gestión de riesgos y normatividad aduanera. Además, se deben otorgar becas para fomentar la participación.
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