Hoy, las 16 organizaciones de funcionarios que integran la Mesa del Sector Público se trasladaron hasta la oficina de partes de La Moneda, para presentar formalmente el pliego de negociación del sector y así impulsar el inicio de las conversaciones del reajuste salarial de los trabajadores del Estado.
En el documento, los trabajadores fiscales solicitan al Gobierno un reajuste salarial real de 3% (por sobre el IPC acumulado los últimos 12 meses) para todos los funcionarios de la administración pública, indistintamente del marco laboral que los rige, sea que laboren en el sector centralizado o descentralizado, regidos por los estatutos sectoriales (incluidos ISP y Cenabast) o el Código del Trabajo, en el sector público municipal, universidades estatales, servicios traspasados, entre otros.
En el documento, además, los funcionarios piden que, considerando los avances del Gobierno en materia de salario mínimo, a partir del 1 de diciembre del año 2024 ningún trabajador que se desempeñe en el sector público obtenga un ingreso mensual por estamento inferior a $ 555.821 si son auxiliares, $ 618.576 si se trata de administrativos y $ 658.021 si son técnicos.
En el documento también se piden mejorar los diversos bonos que reciben los trabajadores fiscales, entre ellos las bonificaciones de Navidad, Fiestas Patrias, vacaciones, entre otros. Respecto al bono de término de conflicto, la propuesta presentada al Gobierno plantea una bonificación de $ 300 mil para aquellos funcionarios que ganan igual o menos de $ 965.359 líquidos y otro de $ 150 mil para quienes ganen sobre ese monto.
Estabilidad laboral
Además de los temas económicos, el pliego de negociación de los trabajadores incluye una amplia lista de demandas que dicen relación con la calidad del empleo al interior del sector público.
Así, por ejemplo, los funcionarios piden ajustar los marcos estatutarios que rigen al empleo público, para terminar “con los despidos arbitrarios, con la precarización de los honorarios o el subterfugio de la compra de servicios, perfeccionar los mecanismos de ingreso a la administración, regular al personal de confianza política”, entre otras exigencias.
También se solicita avanzar en las conversaciones para reducir la jornada laboral en el sector público. “La Mesa del Sector Público requiere al gobierno ratificar los compromisos suscritos en la materia y fijar una agenda de trabajo que permita resolver los formatos de implementación y presentar, al Congreso Nacional, todos los proyectos de ley que implementen los acuerdos que se alcancen, a más tardar al mes de mayo de 2025”, dice el documento.
El pliego también plantea la necesidad de dar continuidad a la mesa de trabajo en torno al cuidado infantil. En relación a dicho tema, se solicita la ampliación del derecho a sala cuna para todos los funcionarios públicos, “como una forma indispensable de avanzar en corresponsabilidad parental”.
El teletrabajo es otra exigencia crucial para los trabajadores fiscales. Aquí, en concreto, se exige avanzar en una regulación general que establezca, proteja los derechos y norme los deberes de los/as trabajadores/as que se desempeñan en formatos remotos o en teletrabajo, así como regule las obligaciones del empleador.
“Ratificamos la necesidad de avanzar en la legislación que regule el teletrabajo en el sector público, así como en la implementación de líneas presupuestarias e instrumentos salariales y compensatorios permanentes, en todos los sectores de la administración”, dice el pliego.
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