Positivos datos acerca del cumplimiento de la Ley de inclusión laboral recopiló la Fundación Descúbreme. Según un reciente sondeo de la entidad, en el que participaron 101 organizaciones que han trabajado con la organización, las formas de cumplimiento de la normativa -vigente desde 2019- han cambiado significativamente este año, y la contratación directa de personas con discapacidad ha ido al alza en las organizaciones.
Precisamente, la norma establece que las entidades públicas y privadas que cuenten con 100 o más trabajadores deberán reservar el 1% de sus puestos laborales para contratar a personas con discapacidad.
En el detalle, la medición mostró el aumento de 13% en la contratación directa por las compañías (75,7% en 2023 versus 88,8% en 2024).
Como correlato, las fórmulas “subsidiarias” de cumplimiento han ido a la baja. Tanto las donaciones como la contratación de servicios vía terceros registraron descensos de 10% y 3% respectivamente, ya que sólo un 24% y un 14% del total de firmas declaró utilizar estas medidas alternativas.
“Nos alegra el aumento en la contratación directa. Esto refleja un cambio positivo hacia una inclusión laboral más efectiva y sostenible. Cada vez más empresas están optando por integrar a personas con discapacidad como parte esencial de su equipo”, destacó el gerente de asuntos corporativos de Fundación Descúbreme, Andrés Beroggi.
Además, si en 2023 un 83% de las organizaciones señalaron poseer un área o encargados de inclusión laboral, ahora el universo llegó a 91%.
De hecho, un 80% de las empresas posee, al menos, un gestor/a de inclusión
Zoom al escenario
Si bien los mejores indicadores de las empresas están estrictamente ligados a las modificaciones y perfeccionamientos a la Ley de inclusión laboral, los cuales tienen por objetivo incentivar la efectiva contratación de la empresa principal -desincentivando la tercerización-, las empresas siguen declarando que existen barreras que complican la inclusión de personas con discapacidad. Problemáticas que, incluso, van más allá de exigencias normativas.
En este sentido, por ejemplo, para el 50% de las empresas consultadas la mayor dificultad para cumplir con la legislación aludida radica en la falta de candidatos. Una cifra que si bien es alta, es menor a la registrada en 2023 (65%).
Otras complicaciones mencionadas por las empresas son las brechas educativas que experimentan las personas con discapacidad, falta de conocimiento en los procesos de reclutamiento, y procesos de selección poco accesibles.
Con relación a las capacitaciones de los equipos, el sondeo arrojó que ha existido un importante avance en este ámbito, ya que un 89% de las organizaciones han realizado o están en proceso de realizarlas.
De forma simultánea, también aumentó en un 7% el número de empresas que han trabajado en la elaboración de una política de inclusión a partir de la implementación de la Ley N° 21.275 y creció un 3% la existencia previa de una política de inclusión.
Si bien para Beroggi los resultados son positivos, agregó que “a futuro, las normativas deben priorizar la disminución de barreras estructurales, como la falta de vacantes disponibles, impulsando políticas que aseguren más oportunidades para personas con discapacidad en el mercado laboral, y lograr que las empresas realicen los ajustes razonables necesarios”.
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Carolina León
