En la jornada de ayer, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados continuó con el análisis del proyecto que busca modificar el Código del Trabajo para eliminar el actual tope de 330 días (11 sueldos) de indemnización por años de servicio para trabajadores desvinculados.
En la cita, la instancia recibió al Centro para la Innovación y Desarrollo del Derecho del Trabajo (CIDTRA), representado por el abogado Jaime Salinas; y a Humberto Villasmil, especialista principal en normas Internacionales del Trabajo y Relaciones Laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur.
El primero en dar sus observaciones fue Salinas, quien recordó a los parlamentarios que las partes de una relación laboral (empleador y trabajador) siempre han podido pactar indemnizaciones sin tope, no solo de 11 años, sino que también sin tope de 90 UF.
“Puede ser vía contrato individual, vía anexo al contrato de trabajo o incluso ser una materia acordada en un instrumento colectivo”, expuso Salinas. En esa línea, el abogado señaló que una modificación en el tope de indemnización tendrá un impacto financiero contable que debe ser cuantificado. “A mayor dinero inmovilizado, menos fondos disponibles para nuevas inversiones, menores nuevas contrataciones, disminución o eliminación de mejoras en remuneraciones y de beneficios en general”, dijo Salinas.
El representante de la OIT, por su parte, hizo un breve resumen de cómo esta entidad ha analizado este tema a lo largo de los años, señalando que ha sido de su interés desde, al menos, 1950.
Si bien Villasmil evitó referirse directamente a si el proyecto en discusión va o no en la línea correcta, sí entregó datos respecto a cómo funcionan los sistemas de indemnización en otros países.
Así, mencionó que en Bolivia, Perú, Panamá, Colombia y Costa Rica no existe tope a la indemnización.
¿Y Europa? De acuerdo a los datos expuestos, España tiene un tope de 24 mensualidades, Italia estableció que la indemnización no puede ser menor a 6 meses ni superior a 36 remuneraciones, y en Portugal no hay tope, pero se acordó un piso de indemnización de tres meses de remuneración.
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Aplicaciones móviles
En tanto, con 67 votos a favor y 54 en contra, finalmente el proyecto que regula el trabajo en aplicaciones móviles fue despachado por la Sala de la Cámara de Diputados a tercer trámite, por lo que vuelve al Senado.
Ahora, esta última instancia debe analizar los cambios que aplicaron los diputados a la propuesta.
El proyecto en cuestión, entre varias materias, establece que los trabajadores de App pueden ser dependientes o independientes, y además garantiza el acceso a seguridad social, capacitación, derecho a sindicalización y a negociar colectivamente.
“El proyecto estipula que los trabajadores de plataforma son trabajadores, eso es algo que no ocurre hoy día”, dijo el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, a los parlamentarios.
Durante el debate, hubo varios legisladores que entregaron duras críticas a la propuesta, asegurando que la que debió avanzar es la que se originó en la propia Cámara y que se titulaba “Mi jefe es una App”.
“Este es el segundo proyecto sobre este tema que analizamos, hace más de un año vimos otro, que fue enviado al Senado y que no ha avanzado (...) lo que hacen ellos es esconder los proyectos. Lo mismo pasó con 40 horas, cierre del comercio, si algo no les gusta deben votar en contra y no guardarlo”, criticó el diputado Tucapel Jimenez.
Con todo, ahora se espera que el debate continúe en el Senado.
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