A raíz del informe de la Contraloría General de la República que evidenció que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país estando con reposo médico, diversos actores se han activado para entregar recomendaciones que ayuden a frenar el mal uso de las licencias médicas.
Uno de ellos fue el centro de pensamiento Horizontal, desde donde, en primer lugar, identificaron dónde está el mayor gasto de licencias médicas en el Estado y, como segundo eje, elaboraron algunas propuestas para hacer frente a la situación.
De acuerdo con el documento, el gasto público asociado al exceso de licencias médicas en el sector público -que corresponde a la diferencia entre los días promedio que se toman los trabajadores del sector público y del privado- habría alcanzado US$ 954 millones en 2022 y US$ 736 millones en 2023.
Por ministerio, la mayor diferencia entre días no trabajados por licencias respecto del sector privado se encuentra en Educación (20,6 días más que en el sector privado), Salud (19,3 días más que en el sector privado) y Justicia (18,3 días más que en el sector privado).
Las recomendaciones
Para abordar este problema, el documento propone, como primer punto, establecer una unidad de Contraloría Médica en Fonasa, con capacidad de revisión y resolución en primera instancia, equivalente a las que existen en las Isapres (hoy este rol lo cumplen las Compin para Fonasa).
“Esto permitiría fortalecer la supervisión clínica y administrativa del uso del subsidio en el sector público”, dice el documento.
También se plantea establecer una unidad permanente de análisis de licencias médicas al interior de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) u otro organismo con capacidad técnica, que permita cruzar sistemáticamente datos administrativos para detectar irregularidades.
“Esta unidad podría replicar la metodología utilizada por la Contraloría General de la República en la detección de viajes al extranjero durante licencias médicas, pero extendiéndola a otras fuentes relevantes, como emisión de boletas de honorarios, cotizaciones previsionales y trazabilidad de diagnósticos. Esta fiscalización automatizada permitiría focalizar auditorías médicas y sancionar oportunamente fraudes o abusos”, es otra de las ideas.
Un eje adicional sugiere incorporar a los funcionarios del sector público al régimen general de subsidio por incapacidad laboral, eliminando los tratamientos especiales que hoy operan.
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Carolina León
