Este martes se inició la discusión en el Senado de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones, presentada por el Ejecutivo durante la semana pasada y que pretende generar un mecanismo para solicitar la deuda por alimentario que tenga tres meses impagos o cinco meses de pagos parciales al tribunal.
La discusión se dio en la comisión de la Mujer e Igualdad de Género, con la presentación del proyecto por parte de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien apuntó a que nueve de cada 10 demandantes son mujeres y que el 65% de las personas que no reciben la pensión de alimentos corresponde a la población de menores ingresos en nuestro país.
El mecanismo de la ley funcionará a partir de una investigación que realizarán los tribunales de familia sobre el patrimonio del deudor, a través del sistema de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Servicio de Impuestos Internos (SII), cuentas bancarias e instrumentos de inversión, entre otros servicios del Estado. Sin embargo, en el caso de que no haya patrimonio disponible, se podrá cargar la deuda al fondo de pensiones por el total de la deuda.
Entre las preocupaciones que manifestaron los senadores que conforman la comisión estuvieron la gran cantidad de solicitudes de liquidación que tendrán los tribunales de familia para hacer efectivos los pagos.
La senadora, Paulina Núñez (Renovación Nacional), señaló acerca de agilizar el proceso de los tribunales para recibir y realizar los pagos. Los cuales, según indica el proyecto, tendrán plazo de 48 horas para oficiar a las instituciones desde que se efectúa la solicitud por parte del o la afectada, mientras que tienen 10 días de plazo para informar los saldos, movimientos e información para el pago efectivo de la deuda.
“No me gustaría que aprobáramos esta ley y quedáramos por el otro lado, desde los tribunales de familia, con un vacío del punto de vista de tener que hacerse cargo. Porque aquí ya no vamos a operar en una excepcionalidad, como fueron los retiros, el trabajo que tuvieron que generar los tribunales, sino que tengamos una norma media lenta, pero que va a costar”, sostuvo la senadora.
Al respecto, la ministra Orellana apuntó a que si bien el trabajo que requieren las liquidaciones es alto, el poder judicial ya está trabajando la automatización de este proceso.
“De hecho, a propósito de la retención del 10%, se abrió la posibilidad de liquidar la deuda como trámite fácil con clave única y desde noviembre 2022 esta liquidación va a tener que ser de oficio por los tribunales, así que la automatización ya es un proceso en marcha”, explicó.
En cuanto a la posibilidad de si se necesita una modificación en la ley presupuestaria para el próximo año, la ministra mencionó que “tengo pleno acuerdo que son prioritarios aquellos servicios de los que depende el día a día de las mujeres, es en ese sentido que estamos intentando construir el presupuesto 2023”.
El proyecto continuará con su discusión con audiencias programadas para el próximo lunes.
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