“Es parte de nuestra agenda porque creemos que será bueno para el país”. Eso planteaba en noviembre pasado la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, al ser consultada por Diario Financiero respecto a si el Gobierno mantenía su intención de avanzar en un proyecto de negociación multinivel (o ramal como la han llamado algunos sectores).
Y es que si bien avanzar en el tema es un compromiso del Ejecutivo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -pactado en abril de 2022 en el marco de la negociación del salario mínimo-, hasta ahora no habían trascendido las acciones realizadas por la cartera en esta materia.
Una de ellas se relaciona con la licitación del Gobierno de algunos estudios para, justamente, partir con la preparación en terreno de la elaboración del proyecto.
“Una propuesta que amplíe la negociación colectiva a niveles superiores al de la unidad empresarial debe considerar la realidad actual de las relaciones laborales en Chile, en especial las capacidades y niveles de confianza de los actores, tanto sindicales como empresariales”, dice una de las licitaciones realizada por el Gobierno.
Los cursos de acción
Para comenzar a trabajar en el tema, la cartera definió como primer punto dos cursos de acción complementarios: uno, es la convocatoria a una instancia de diálogo social tripartito que reúna a las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, expertos de organismos internacionales y otras organizaciones de la sociedad civil, además de académicos y académicas de distintas disciplinas.
El segundo eje -y que ya se encuentra en marcha- consiste en la contratación de asesorías técnicas que aborden las problemáticas jurídicas, económicas y sociales que se abren con un proyecto de negociación colectiva multinivel.
Como parte de este punto, destaca la licitación por parte de la Subsecretaría del Trabajo -liderada por Giorgio Boccardo-, de dos estudios técnicos que buscan levantar antecedentes en torno a la negociación ramal.
En el primero de ellos, encargado a la Universidad de Talca, el Gobierno solicitó profundizar en los modelos comparados de negociación colectiva, institucionalidad laboral y conflicto colectivo.
Aquí, en el detalle, se requirió analizar los modelos de negociación de Uruguay, Argentina y Perú, en Latinoamérica; y de España, Francia y Alemania, en Europa.
También se pidió responder a preguntas como: ¿Quién negocia?, ¿cómo se negocia?, ¿qué se negocia?, ¿qué efectos tiene lo acordado? ¿qué rol cumple el Estado?, entre otras dudas.
“Una propuesta que amplíe la negociación colectiva a niveles superiores al de la unidad empresarial debe considerar la realidad actual de las relaciones laborales en Chile, en especial las capacidades y niveles de confianza de los actores, tanto sindicales como empresariales, así como un análisis crítico del marco normativo y sus consecuencias económicas y sociales”, dice la licitación realizada por la Subsecretaría del Trabajo.
El segundo estudio, cuya elaboración está en manos de la Universidad de Chile, tiene por finalidad profundizar en la conflictividad laboral local.
Así, como primer punto, se pidió estudiar la evolución del conflicto laboral en los últimos 10 años en los principales subsectores económicos del país (2011- 2021) y análisis de los patrones que puedan explicar la variación en la conflictividad laboral en cada sector y subsector económico.
Para ello, se solicitó analizar datos provenientes del Observatorio de Huelgas Laborales, anuarios estadísticos de la Dirección del Trabajo (DT) y la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).
A la Universidad de Chile, además, se le requirió identificar buenas prácticas en procesos de diálogo social y/o negociación colectiva en experiencias que sean identificadas como relevantes de cada subsector, realizando análisis en profundidad de dichos procesos y levantando información empírica, así como una revisión de datos y documentación secundaria.
De forma paralela a esto, además, la cartera planteó la importancia de contar con apoyo relacionado con la recopilación de antecedentes y experiencias internacionales a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Con todo, la preparación de esta discusión -que se apuesta tome fuerza entre el segundo y tercer trimestre del año-, se está trabajando bajo una estructura muy similar a la que se implementó en el debate a la reducción de jornada.
¿La finalidad? Identificar antes del paso por el Congreso los puntos de preocupación del empresariado y de los trabajadores, para proponer una fórmula que genere consenso entre los actores, de manera que se pueda facilitar su tramitación legislativa.
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