A menos de un año de su entrada en vigencia, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos ya acumula 154.000 causas y 147.439 deudores inscritos, adeudando un total de más de $ 98.000 millones, de acuerdo a las últimas cifras entregadas por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
Este balance da cuenta de un crecimiento de 50.000 causas desde su última contabilización en junio, cuando llegaban a 104.921. También se registraron más causas, ya que hay deudores que tienen más de una causa vigente.
"Estas cifras, primero, demuestran un crecimiento importante en la cantidad de deudores que ingresaron al registro los últimos tres meses. Y segundo, reflejan la necesidad que tenía el país de regular lo que ocurre cuando se incumple de manera reiterada con la obligación de entregar los recursos para el desarrollo óptimo de los niños, niñas y adolescentes”, explicó la ministra Antonia Orellana.
En el detalle, de los deudores registrados 8.798 cuentan con una o más causas y 3.533 son reincidentes. Es decir, pagan la deuda para salir del registro, pero luego vuelven a ingresar por no pago. También, la gran mayoría son hombres y solo el 3,23% son mujeres.
El registro, que entró en vigencia en noviembre del año pasado, es un sistema electrónico, remoto, gratuito e inmediato que tiene como objetivo mejorar el régimen de cumplimiento de pago de las pensiones de alimentos judicialmente decretadas.
Podrá ser registrada toda persona que tenga deudas de tres meses consecutivos y/o cinco meses discontinuos de pensiones de alimentos y que posean una resolución judicial ante los Tribunales de Justicia que haya ordenado el pago de las mensualidades. Además, puede ser consultado por cualquier persona o institución que tenga la obligación legal de hacerlo, tales como deudores, demandantes, representantes legales, tribunales, bancos, notarías, municipalidades, entre otras instituciones públicas y privadas.
Quienes estén inscritos en el registro tendrán como consecuencia la retención de las devoluciones de impuestos en la Operación Renta de cada año, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir y/o el pasaporte y la retención de operaciones de crédito -en este caso, si corresponde a 50 UF o más se retendrá el 50% del crédito-, entre otras medidas.
La ministra explicó que al sistema también se suma la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, que permite que los tribunales que dictaron la resolución en donde consta la deuda, ordene el pago de la misma a través de los fondos que el deudor tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión y financieros, y en las cuentas de ahorro previsional voluntario”.
De manera en que ambas leyes “se complementan para no dejar nunca más solas a las mujeres del país en donde el Estado se hace cargo de perseguir a los deudores de pensiones de alimentos”.
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