Toda una discusión se está generando en torno a la resolución que el Ministerio de Hacienda emitió -a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Protección del Empleo-, en el cual estableció las zonas o territorios afectados por acto o declaración de autoridad y las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades, para efectos de acceder a las prestaciones que plantea dicha ley.
El origen de la discusión radicaría en que dicho pronunciamiento no considera como afectados por actos de autoridad a los centros comerciales, los que decidieron cerrar tras una negociación con el Ministerio de Economía el 18 de marzo.
¿Qué implica esto? Según explicó Marcelo Albornoz, exdirector del Trabajo, los empleadores del sector no podrían acceder a la suspensión automática de la relación laboral, producto de un acto de autoridad, y por lo tanto deberán responder por el pago de las remuneraciones por los días que dichos espacios se mantuvieron cerrados.
"Este es el problema con los malls o los comercios pequeños, medianos y grandes que están fuera de la cuarentena y que no pueden operar de hecho. Tienen la posibilidad legal de hacerlo, pero por responsabilidad social de no propagar el contagio han decidido no abrir sus puertas", dijo Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
Si bien las empresas del sector siguen contando con la opción de acordar con sus trabajadores la suspensión de la relación laboral, explicó Albornoz, recalca que esa alternativa no es retroactiva, por lo que las firmas deberán hacerse responsables del pago de remuneraciones.
"Los malls y centros comerciales que cerraron lo hicieron a requerimiento del Gobierno, por lo tanto esto no se condice con el esfuerzo que se hizo en esta materia. Para mí, lo justo hubiese sido que en este decreto se hubiera incorporado a todo el comercio que cerró a requerimiento del gobierno", agregó Albornoz.
En línea con esto, el titular de la CNC agregó que en las empresas del sector "tienen que ponerse de acuerdo empleadores y trabajadores, no hay otra solución. Esto lo hemos hablado muchísimo, con los operadores, el Gobierno. Si el ministro Mañalich decretara que los centros comerciales o las tiendas son lugares de riesgo para el contagio y por tanto se emite un decreto sanitario y no se les permite operar, se acabó el problema, entran al beneficio de manera automática, pero la autoridad sanitaria no ha dicho eso".
Una opinión similar entregaron desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), desde donde agregaron que "insistimos en nuestra preocupación respecto de cuál será la situación de aquellos establecimientos comerciales que no han podido abrir sus puertas al público por razones totalmente ajenas a su voluntad, pero que no responden estrictamente a un acto de autoridad".
Sobre este tema, Albornoz agregó que "esas empresas, chicas, medianas o grandes, van tener que asumir todo el costo remuneracional del periodo que va desde el cierre hasta el último día de marzo (...) por otro lado se va a producir un problema práctico, porque el sector comercio sólo podrá suspender la relación laboral a través de un pacto, y la verdad de las cosas es que el pacto individual operacionalmente es muy difícil de poder realizar de aquí al 15 de abril", agregó.
Una opinión similar entregó Jaime Salinas, de Salinas Toledo, quien agregó que las tiendas de los grandes centros comerciales de la zona oriente que han tenido cuarentenas obligatorias impuestas por actos de autoridad, podrán acogerse a los beneficios de la suspensión temporal, pero "no así las decenas de otras tiendas ubicadas en otros centros comerciales a lo largo de Chile que han cerrado sus puertas por la sola decisión de la administración del respectivo recinto".
Según explicó Salinas, esta situación afecta a decenas de empresas y cientos de trabajadores a lo largo de Chile y sería "contraría al objetivo del plan del gobierno tras la dictación de esta ley, que era precisamente evitar despidos y proteger el empleo. Ahora deberán las empresas evaluar qué medidas pueden adoptar para asegurar la continuidad operacional y su viabilidad financiera sin el acceso a este beneficio, y las reestructuraciones que deberán hacer pueden implicar despidos que, si hubiesen estado considerados los centros comerciales en el decreto de Hacienda, se podrían haber evitado".
¿Cómo resolverlo?
¿Cómo solucionar esto? según planteó el abogado, podrían considerarse a los centros comerciales como actividades análogas a cines, teatros, restaurantes, gimnasios, entre otros, que son actividades que sí están consideradas como impedidas de funcionamiento. "Alternativas hay, solo resta ver la voluntad de la autoridad de considerarlos en la exclusión, tal como existió voluntad de la cámara de los centros comerciales para sumarse a las sugerencias de apoyo al control de la contingencia", acotó Salinas.
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