La Contraloría General de la República, a través de la Unidad Jurídica de la Primera Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, desestimó la presentación que el diputado UDI Jorge Alessandri realizó contra el director del Trabajo, Pablo Zenteno Muñoz, por un supuesto conflicto de intereses luego del dictamen emitido por la Dirección del Trabajo en que fijó el sentido y alcance de la Ley sobre trabajadores de plataformas digitales.
En su dictamen, la DT abordó por primera vez el vínculo laboral de los trabajadores/as de aplicaciones, situándolos en las categorías de dependientes e independientes, describiendo la relación que mantienen con sus empleadores y los derechos que les deben ser cautelados.
A juicio del parlamentario, Zenteno debió abstenerse de emitir dicho dictamen porque tendría un interés particular en la materia que afectaría su imparcialidad “por cuanto con anterioridad a asumir su cargo, habría patrocinado, en su calidad de abogado, dos causas judiciales correspondientes a tutelas laborales deducidas por trabajadores de la plataforma tecnológica ‘Pedidos Ya’, por las cuales pretendían la declaración de existencia de una relación laboral”.
En su pronunciamiento, la Contraloría describió que “consta que las causas de que se trata habrían sido patrocinadas por el señor Zenteno Muñoz entre los años 2020 y 2021; que su asunción en el cargo de director del Trabajo tuvo lugar a contar del 20 de abril de 2022, y que el dictamen que se cuestiona fue emitido el día 19 de octubre de 2022”.
Más adelante, el organismo ahondó en el argumento al señalar que “no se advierte la configuración del posible conflicto de intereses alegado, ni tampoco, consecuentemente, la concurrencia del deber de abstención al emitir dicho dictamen”.
Junto con valorar la resolución, Zenteno señaló que “es importante y relevante porque consolida las facultades y las atribuciones de esta institución tan clave para la protección de los derechos laborales en nuestro país, más aún en un ámbito de trabajo en donde se han producido nuevas realidades laborales”.
El pronunciamiento del organismo contralor se suma al emitido por la Corte Suprema el pasado martes 23 de mayo, cuando determinó que la Dirección del Trabajo (DT) actúa dentro de su ámbito de competencia y no incurre en actos ilícitos o arbitrarios al momento de emitir dictámenes acerca de las relaciones laborales.
Lo anterior, en el marco de lo planteado por la DT en octubre pasado sobre los trabajadores que prestan servicios a través de plataformas digitales y que fue cuestionado por Uber mediante un recurso de protección.
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