Un año marcado por el proceso constituyente y las respuestas que dé el Gobierno a las demandas sociales, sin un recrudecimiento de la violencia, es lo que ven para Chile los analistas internacionales, con una mirada ligeramente más positiva que los locales.
El rango de crecimiento para la economía que estiman para este año oscila entre 1,1% y 1,6%. Esto es superior al previsto por el Banco Central, de 0,5% y 1,5%, y al del Ministerio de Hacienda de entre 1% y 1,5%.
El más optimista es el economista para América Latina de Oxford Economics, Felipe Camargo, quien reconoce que “mientras que el entorno actual es desafiante, desde una perspectiva macroeconómica Chile todavía tiene fundamentos sólidos: el déficit de cuenta corriente ha sido contenido, la deuda pública neta es insignificante, las expectativas de inflación están bien ancladas y el sistema financiero está bien regulado”.
En el extremo negativo están JP Morgan y Bank of America Merrill Lynch (BofA). El economista jefe de JP Morgan para Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay, Diego Pereira, comentó que su pronóstico asume “alta incertidumbre” que disminuye gradualmente, al tiempo que vayan ocurriendo los principales eventos -plebiscito de abril y elección de convencionales en octubre-, “así como la no repetición de eventos violentos generalizados”.
“El crecimiento futuro de Chile va a depender del resultado del cambio en la Constitución y de cómo se implementan las políticas de redistribución de la riqueza”, advierte.
La economista de BofA para Chile y Brasil, Ana Madeira, asume que el menor crecimiento, ligado al deterioro en las confianzas de consumidores y empresas, radica en que esta vez la crisis es interna. Esto, en lo concreto se traducirá en un menor consumo privado e inversión.
En el rango medio está Moody’s Analytics y Capital Economics. El director del área de estudios de la primera entidad, Alfredo Coutiño, aclara que su percepción sobre la estabilidad económica del país sí cambió “aunque ligeramente a la baja”. A su juicio, la inestabilidad social ha afectado los fundamentos económicos y “sobre todo ha levantado alertas con respecto a la fragilidad institucional del país”.
El analista de mercados emergentes especializado en Latinoamérica de Capital Economics, Quinn Markwith, advierte que si se repitieran los hechos de octubre “la economía probablemente no crecería este año”.
“Nuestra percepción de la estabilidad institucional chilena no ha cambiado. Este episodio de inestabilidad es exactamente el tipo de situación en la que la fortaleza institucional vale la pena”, señala. Y agrega que “hasta ahora, parece que la estabilidad institucional chilena se mantendrá y está permitiendo la mejor respuesta posible a la crisis”.
¿Habrá una rebaja de en la clasificación?
S&P y Fitch degradaron la clasificación del país en 2017 a A+ y A, respectivamente.
Luego, en julio de 2018 Moody’s hizo lo mismo, desde Aa3 a A1.
La interrogante sobre una nueva rebaja está latente y es tema obligado por estos días para los analistas. No obstante la solidez de los fundamentos económicos, no hay consenso sobre una rebaja, pero la balanza se inclina hacia que ello ocurra.
Camargo prevé que habrá una rebaja e incluso menciona que “actualmente estoy trabajando en analizar el tema, mientras hablamos”.
Para Markwith, que espera que la proporción de la deuda sobre el PIB pase del actual 30% a más de un 40% para el 2024, es “razonable” suponer que quizás se rebaje un grado “pero esto no cambia mucho nuestra visión sobre la economía y sus bonos”.
Pereira considera que los nuevos objetivos fiscales se han desviado sustancialmente de los establecidos pre shock, por lo que los niveles de deuda bruta y neta -en los próximos años- superarán altamente los previstos por las calificadoras. Estos dos argumentos “hacen esperable un recorte en la calificación”.
Coutiño señala que “no sé que le pueda pasar a la calificación soberana. Sin embargo, creo que se mantendrá cierta desconfianza tanto de inversionistas como de mercados internacionales dada la permanencia del riesgo social y el pobre desempeño económico”.
Madeira, en tanto, es categórica en respaldar que las clasificadoras no efectuarán ningún cambio en el corto plazo.
Sus argumentos se centran en que el país “tiene un historial de gobernanza macro y fiscal sólida y prudente; tiene importantes reservas fiscales con fondos públicos; la relación deuda/PIB es una de las más bajas entre pares y la carga fiscal también es baja en comparación con sus pares, por lo que hay espacio para aumentar los impuestos para financiar nuevos gastos”.
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