Durante el verano que se aproxima, la Convención Constitucional comenzará la votación de los primeros cambios a la carta magna actual. Y uno de los tópicos que promete generar el mayor debate, al menos a nivel económico, serán los mecanismos que contemple la nueva Constitución para regular el derecho a la propiedad, tanto de bienes corporales como incorporales (los derechos de autor, por citar un ejemplo).
Un insumo que podría ser útil para la citada discusión es el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI, por sus siglas en inglés), que mide la fortaleza de los derechos de propiedad y el entorno legal y político que los contiene.
El conteo, que será publicado hoy, ubica a Chile en el lugar 31 entre los 129 países analizados, una caída de tres plazas en relación al ranking de hace un año y el peor registro desde al menos 2007. Una trayectoria que no es suficiente para destronar a Chile como el país líder en América Latina.
Medido en una escala de 0 a 10 puntos, donde 10 significa un mayor resguardo al derecho a la propiedad, el ranking es liderado por Suiza, Singapur y Nueva Zelanda, todos con un puntaje de 8,1 unidades; mientras que en el otro extremo -o sea, los países con menores condiciones para la protección de la propiedad- se ubican Haití (2,6), Venezuela (2,7) y Yemen (3,0).
Además de liderar en la región, Chile se ubica por sobre países como España, Arabia Saudí, Italia y China en las posiciones (ver tabla).
El conteo es realizado por la Property Rights Alliance con la cooperación de 124 think tanks de 70 países del mundo, entre ellos Libertad y Desarrollo (LyD) por el lado chileno.
Los puntos débiles del país
La información para diseñar el conteo se obtiene a partir de fuentes oficiales de organismos internacionales, como el Banco Mundial, el World Economic Forum y Naciones Unidas.
El IPRI se construye a partir de diez factores reunidos bajo tres componentes: ambiente legal y político (legal and political environment, LP), derechos de propiedad física (physical property rights, PPR) y derechos de propiedad intelectual (intellectual property rights, IPR).
Chile empeoró en todos sus indicadores respecto al año pasado, pero se ubica sobre la media en el indicador total (6,6 puntos vs 5,6), en Ambiente Legal y Político (6,7 vs 5,1), Derechos de Propiedad Física (7,2 vs 6,5) y Derechos de Propiedad Intelectual (6 vs 5,2).
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Para la economista y autora del IPRI, Sary Levy-Carciente, un marco de propiedad intelectual sólido incluye un “intercambio de conocimientos, participación en tecnología, acuerdos de licencia, demanda de mejores contratos, definición clara de los derechos de propiedad intelectual, promoción de un ecosistema común e intercambio de esfuerzos y recompensas”.
Por su parte, la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Natalia González, enfatiza que el derecho de propiedad es uno “fundamental reconocido por la Constitución actual y por la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
“En el contexto de la discusión que se lleva a cabo en nuestro país, es de la mayor relevancia no sólo que la propuesta constitucional reconozca este derecho, sino que ampare su ejercicio y le brinde una protección robusta”, agrega.
Junto con el derecho a emprender, complementa, “en una economía de mercado o social de mercado es fundamental que el derecho de propiedad esté protegido y garantizado, ya que ello posibilita el progreso y el desarrollo integral de las naciones”.
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