El aumento del costo de la vida y el debate constitucional son dos de los temas que se han tomado la discusión nacional de los últimos tres años. Y un análisis reciente de Javier Vergara, socio de la consultora Valtin Capital, vincula ambos: el economista construyó, usando los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los “derechos sociales”.
Este nuevo indicador considera la salud, educación y vivienda, y compara su variación con la del resto de los ítemes medidos para determinar la inflación. Así, el experto encontró que el IPC de los derechos sociales representa cerca del 30% de los bienes y servicios que componen la canasta del INE.
Pero, ¿por qué construir este índice ahora? Vergara explica que el motivo es el proceso constitucional. “Lo más probable es que la Constitución le entregue al Estado la responsabilidad y cobertura de los derechos sociales”, dice, y detalla que, por este motivo, era “interesante” ver cuál podría ser el impacto fiscal de este cambio constitucional.
En su análisis encontró que entre 2010 y 2020 el IPC de derechos sociales aumentó en promedio un 4,3% anual, mientras que el resto de los ítems subieron solo un 2,6%. El autor detalla que los derechos sociales son bienes no transables -o sea no se pueden importar o exportar- a diferencia del resto -combustibles, vestuarios, etc- que están asociados a compras desde el extranjero. En la década señalada, “los combustibles no mostraron alzas de precios significativos, a lo que se sumó que gran parte de los bienes de consumo se importaban de China a precios cada día más bajos”, precisa.
Pero esto cambió en los últimos dos años, como consecuencia del “fuerte” alza de las materias primas y los estímulos económicos para enfrentar el Covid-19, como consecuencia, justamente, de la pandemia.
Así, el IPC de derechos sociales empezó a aumentar a mediados de 2021, de la mano de la inflación general, y trepó hasta su peak de 8,6% en agosto y septiembre de 2022, meses en los que para el resto de los bienes y servicios el alza fue de 16,4% y 15,9%, respectivamente. El máximo coincidió con los históricos avances de 14,1% y 13,7% de la inflación total en el octavo y noveno mes del año pasado.
De la mano de la moderación general, el IPC de salud, educación y vivienda también ha ido bajando. En enero fue de 7,9%, frente al 14,2% del resto de la canasta, y al 12,3% de la inflación que mide el INE.
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Nueva Constitución
Vergara relata que en la medida que los países avanzan, la demanda por salud crece “en forma exponencial”, lo que genera que la oferta -personal de la salud, hospitales, etc- no pueda dar abasto y, por lo tanto, haya una presión de precios. Agrega que el costo de la vivienda se ve afectado por la migración y falta de terreno en las grandes ciudades. Y enfatiza que la educación “es el más indicativo de lo que puede pasar con los otros precios de los derechos, ya que hoy es costeado por el Estado, lo que no incentiva al control de costos”.
Así, resume que “el aumento significativo del costo de la salud, vivienda y educación ha generado que cada día estos servicios se lleven un porcentaje mayor del gasto de las familias, y por lo tanto la necesidad de obtener apoyo por parte del Estado para cubrirlos”.
Incluso, plantea que “el crecimiento del IPC de los derechos sociales versus el resto de los componentes puede ser una explicación de porqué la sociedad está pidiendo ayuda al Estado para cubrir estos costos”.
De acuerdo a su análisis, el economista advierte que si se incluyen la totalidad de los derechos sociales en la nueva Constitución, “debe quedar muy bien establecido que serán incorporados en forma gradual en función del crecimiento del país”. Esto, porque “al ser derechos, la demanda de la población por estos servicios ‘gratis’ va a crecer en forma significativa, que se suma a que sus precios van a mantener la misma tendencia histórica al alza”.
Añade que lo anterior “va a generar una importante presión fiscal y la necesidad de hacer nuevas reformas tributarias”, las que implicarían aumentar la carga impositiva de personas y empresas.
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