Fitch Ratings, que la semana pasada reafirmó la nota “A-” de Chile con perspectiva estable, publicó este martes un análisis dedicado al texto que se votará el 4 de septiembre, destacando que “la nueva Constitución propuesta de Chile omite algunas de las ideas más radicales generadas en la Asamblea Constituyente”.
Eso sí, la clasificadora de riesgos advierte que el texto constitucional “no aclara completamente cómo las nuevas disposiciones afectarían el entorno empresarial o el funcionamiento del gobierno”, a lo que agrega que “también podría persistir la incertidumbre sobre qué tan efectivamente el proceso de reforma constitucional proporciona un canal institucional para abordar las tensiones sociales, especialmente si la propuesta es rechazada por el electorado”.
De acuerdo al último análisis difundido, el debate en torno a una nueva Constitución ha tocado áreas que “pueden afectar la solvencia soberana a través de sus implicaciones institucionales y/o políticas”. Estos incluyen, según la firma, la forma de gobierno y los poderes, y los “controles y balances” entre sus diferentes ramas; además de los derechos de propiedad; y los derechos sociales obligatorios “con posibles implicaciones fiscales significativas”.
La agencia advierte que “la propuesta no ha eliminado la incertidumbre en estas áreas”. Si bien reconoce que muchos de los artículos que pensaron que habrían tenido el “impacto más negativo en el entorno empresarial han sido rechazados”, insiste en que una comprensión más completa de cómo operarán las nuevas disposiciones clave dependerá de la implementación de la legislación.
“Algunos pueden estar sujetos a desafíos legales; y una caída en el apoyo popular al trabajo de la asamblea hace que la adopción sea menos segura”, es otra de las advertencias de Fitch.
Zoom al texto
El análisis reconoce que la propuesta para nacionalizar partes del sector minero no se incluyó en el borrador, pero recuerda que la disposición de la Constitución existente para compensar a los propietarios de activos expropiados a precios de mercado sería reemplazada por un mecanismo mediante el cual el Congreso fija un “precio justo”.
También alerta que “las protecciones ambientales podrían aumentar los costos o los riesgos legales para las empresas mineras, disuadiendo la inversión”, y agrega que es probable que la enumeración de los derechos sociales como vivienda, pensiones, salud y educación aumente los gastos sociales con el tiempo, algo que ya se había planteado cuando ratificaron la nota y perspectiva del país.
El reporte también detalla que reformar el papel del Senado podría reducir los “controles balances” al aumentar el poder de la Cámara Baja, que también ganaría la capacidad de proponer proyectos de ley de gastos, que hoy solo puede proponer la Presidencia.
“Esto podría facilitar la aprobación de medidas populistas, como se vio en los recientes retiros de fondos de pensiones apoyados por el Congreso, pero con la oposición del Ejecutivo”, advierte la firma, y agrega que “una mayor descentralización permitiría a las regiones endeudarse y crear entidades del sector público, pero aún no se han establecido los detalles a través de la legislación de implementación, lo que puede llevar tiempo”.
En un eventual escenario en el que se rechazara el texto, pero surgiera una nueva iniciativa de reforma, “esto extendería la incertidumbre sobre las implicaciones para la economía, la gobernabilidad y la formulación de políticas, y podría reducir la efectividad del proceso como canal institucional para el descontento social”, alerta Fitch.
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