En una señal de su voluntad de dialogar para buscar un acuerdo, de modo que no dilatar la discusión más allá de lo proyectado y, por tanto, evitar un fracaso, el gobierno pidió postergar tanto la votación de la reforma tributaria, como retirar de la tabla la discusión del proyecto que flexibiliza el Sistema de Protección de Precios de los Combustibles (Sipco).
La reforma tributaria estaba prevista que se votara en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja y aún cuando en la Sala se dio cuenta de la suma urgencia anunciada la semana pasada por el gobierno para agilizar su discusión, el presidente de la instancia legislativa, el UDI Ernesto Silva, lo retiró de la tabla.
Al respecto, fuentes del Ministerio de Hacienda reconocían que tras las últimas conversaciones sostenidas con representantes de la Concertación y de las que fue informado el presidente Sebastián Piñera, la decisión de La Moneda apuntaba a buscar un plazo de una a dos semanas para intentar llegar a un acuerdo con la oposición desde donde han reconocido estar dispuestos a aprobar las alzas pero no las rebajas impositivas incorporadas en el proyecto.
Así, mientras ese era el escenario en Valparaíso, en paralelo el jefe de Teatinos 120, Felipe Larraín, concretaba en Santiago un encuentro con el presidente de la DC, senador Ignacio Walker. Y si bien la idea del secretario de Estado era reunirse con los presidentes de la DC y el PS, a fin de ratificar el ánimo del bloque para zanjar un acuerdo, a la cita sólo llegó el titular de la falange.
De ahí que el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, confirmaba que el ministro Larraín “ha estado en un proceso de discusión con parlamentarios buscando un acuerdo que permita un trámite expedito de la reforma tributaria, ese proceso no está terminado y, por tanto, se ha estimado prudente continuarlo y suspender la votación en general del proyecto. No son plazos largos, a lo más, una o dos semanas de conversación con parlamentarios de la Concertación, que ojalá por el bien el país tengan disposición a llegar a un acuerdo”.
Por su parte, el vocero Andrés Chadwick señalaba que “no queremos dejar ninguna puerta abierta queremos agotar todas la instancias, vemos que la pista se ha puesto dura y difícil, no vemos todavía una mayor flexibilización por parte de la Concertación ojalá lo podamos lograr y si ello no es posible en las próximas horas o en tiempo muy cercano, se va presentar la indicación por parte del gobierno”.
Reparos del oficialismo
En todo caso, las conversaciones continuaron en las dependencias del Congreso, en Valparaíso, donde fue el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Larroulet, el encargado de reunirse por ejemplo con el presidente del PS, Osvaldo Andrade, además de los senadores de la Alianza, donde el escenario no es menos complejo.
Es que en las filas del oficialismo y puntualmente en la UDI, han manifestado sus reparos a uno de los escenarios que baraja el Ejecutivo para tratar de descomprimir el ambiente y conseguir los votos que busca en la oposición: esto es acotar el proyecto. El punto de desencuentro es la eventual eliminación de la rebaja unilateral del arancel a cero y la exención tributaria para los tramos más altos del impuesto a la renta.
De hecho, desde las filas del gremialismo advirtieron a no dejar pasar una materia así por lo que no descartaban rechazar el proyecto y así “dejarlo morir”.
En las filas de la oposición en tanto, comentaban que ya le habían hecho saber al Ejecutivo la voluntad para cerrar un acuerdo sobre la base que se mantenga el alza del 20% del Impuesto de Primera Categoría; implementar una gradualidad de 5 años; no avanzar en los llamados impuestos verdes sino que hacerlo por la vía de bonos para el reciclaje.
Minuta de Hacienda
En medio de este escenario, el ministro Larraín, les hizo llegar la noche del lunes una minuta de dos páginas a los diputados de la Concertación, donde recogía una de las propuestas formuladas por el diputado PS, Carlos Montes, en las dos reuniones sostenidas durante esa jornada, y donde pidió mayor control para los Fondos de Inversión Privada. Así, en el texto el gobierno reconoce la existencia de un proyecto por medio del cual se introducen “ciertas precisiones en materia de obligaciones de entrega de información aplicable a las administradoras de FIP”.
Además, se consigna, que “se requiere a las administradoras de FIP remitir información al SII, en términos similares a la regulación vigente, complementando con datos de identificación que permitan una adecuada fiscalización. Y la obligación de remitir información a la SVS, que le permita identificar y cuantificar este tipo de fondos, además de constatar si cumplen los requerimientos de un FIP y sus actuaciones en relación a los fondos regulados administrados por la misma sociedad o sus relacionados”.
De igual forma, se estipula que “el proyecto de ley extiende a los FIP la obligación legal de distribuir como dividendos al menos un 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, los cuales quedan sujetos a la tributación aplicable a los aportantes”.
Sipco para una semana más
En materia de Sipco, fue el presidente de la Cámara Baja, diputado RN, Nicolás Monckeberg, quien a petición del gobierno le solicitó a primera hora de la mañana en la tradicional reunión de comités a los jefes de bancada “una semana más” para buscar un acuerdo en torno a la iniciativa.
Desde la UDI, donde instaron a ponerle suma urgencia a la iniciativa, accedieron a la medida reconociendo que si se trataba de buscar tiempo para un acuerdo en reforma tributaria y por lo mismo, no tensionar aun más el ambiente era posible postergar la iniciativa.
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