Sacarle el mayor rendimiento a cada peso que gasta el Estado ha sido una de las consignas históricas del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres). En lo más reciente, la actual administración ha puesto esfuerzos en racionalizar el nivel de gasto público y contener las presiones de cara al diseño del Presupuesto 2027, el primer erario que elaborará la gestión Kast.
Pero en los últimos días, el gobierno también ha buscado nuevas maneras de generar ahorros, en un tema que ha sido particularmente sensible para la ciudadanía este año: los combustibles.
En medio de un recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, que ha vuelto a situar el barril de petróleo sobre los US$ 100 por unidad, a fines de agosto el Ejecutivo instruyó a las organizaciones del Estado a buscar formas de controlar su gasto en fuentes energéticas de uso institucional.
¿La forma? Las compras coordinadas. O sea, agrupar instituciones que generen un poder comprador de ciertos bienes y servicios que les permita acceder a precios más bajos, lo que ya se utiliza en áreas como la salud.
Las nuevas órdenes quedaron plasmadas en un oficio circular enviado el pasado 28 de agosto por el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y el director (s) de Compras y Contratación Pública, Cristián Céspedes, en el que se les solicitó a las instituciones del sector estatal realizar un levantamiento, revisión y validación de la demanda que necesitarán para el uso de combustible con fines institucionales.
“La medida no constituye una política de regulación energética, pero al planificar coordinadamente los consumos, sí introduce un control indirecto y trae más eficiencia al gasto de los recursos”, explicó la Dipres.
Consultada la Dipres, explicó que el objetivo principal de la nueva instrucción de compra coordinada es “generar ahorros para el Estado”, ya que al agregar la demanda de los organismos en una sola licitación se obtienen “mejores condiciones de precio que comprando por separado”.
“Hasta ahora, Dipres revisaba y autorizaba cuatro compras coordinadas: telefonía móvil y BAM, compra de computadores, arriendo de computadores y arriendo de impresoras. Entre 2023 y 2025 estas cuatro generaron un ahorro acumulado de US$ 57,5 millones”, complementó el organismo.
A partir de esa experiencia, la planificación 2026-2027 amplió el esquema a 21 compras coordinadas, que incluyen la renovación de las cuatro anteriores y la incorporación de nuevos rubros, como combustibles, energía eléctrica, ciberseguridad, telefonía fija, software, infraestructura en la nube y vehículos. “La medida no constituye una política de regulación energética, pero al planificar coordinadamente los consumos, sí introduce un control indirecto y trae más eficiencia al gasto de los recursos”, dijo la Dipres.
Las reglas
En la circular, Dipres y ChileCompra entregan el detalle de cómo será el procedimiento de las compras coordinadas de combustible.
Se definen cuatro tipos de fuentes energéticas que podrán adquirirse de forma concursada entre distintas instituciones: petróleo diésel destinado a vehículos y flotas de uso administrativo; gasolina para vehículos y flotas de uso administrativo; kerosene destinado para la calefacción de dependencias institucionales; y lubricantes para vehículos livianos, en las categorías y especificaciones técnicas que determine ChileCompra.
“La incorporación de cada producto, zona, punto o modalidad de suministro dependerá de su factibilidad técnica, económica y territorial”, recalca el oficio.
También se especifican productos que quedan fuera y que, por lo tanto, continuarán siendo adquiridos por las instituciones públicas sobre la base de las reglas actuales: los combustibles de aviación y uso marítimo; los combustibles industriales vinculados a operaciones especiales; los combustibles y lubricantes utilizados en ciertos vehículos de uso militar y policial; y los combustibles para el desarrollo del giro productivo o comercial de las empresas públicas.
El instructivo es de aplicación general para la administración central del Estado y los Gobiernos Regionales, así como para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, pero para estas últimas solo respecto de los combustibles destinados a vehículos, flotas y dependencias institucionales. Las municipalidades podrán sumarse voluntariamente al régimen.
La Dipres definirá la demanda de referencia de cada institución sobre la base del gasto ejecutado y las cantidades adquiridas y consumidas en el ejercicio 2024.
También se podrá establecer un margen de variación sobre ese umbral, considerando la evolución de precios y otros antecedentes presupuestarios.
Al mismo tiempo, cada institución deberá reportar a ChileCompra distintos antecedentes, como la demanda requerida; las cantidades y los puntos de suministro; el precio unitario y el gasto total proyectado; los contratos vigentes que incidan en la demanda; y los antecedentes históricos de consumo o adquisición, por citar algunos.
La circular también norma situaciones de excepción para los servicios estatales.
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Sebastian Valdenegro
